La Justicia reunió varios elementos probatorios (entre ellos los videos hallados en el celular del docente) y la confesión del delito. Fue celebrada una audiencia que terminó en juicio abreviado, donde se resolvió condenarlo a 16 meses de prisión que cumplirá mediante el sistema de prisión domiciliaria total y libertad asistida vigilada.
Además se le impuso la prohibición de ejercer funciones públicas o privadas por el término de 10 años. Próximo a las 10 de la víspera, se dio ingreso a la sala al denunciado, G.M.S.D, carente de antecedentes penales.
Dentro lo aguardaba la jueza penal, Gabriela Aspiroz; la fiscal encargada del caso, Cecilia Irigoyen; las abogadas defensoras y el abogado de las víctimas, Eduardo Piaggio. Luego se habilitó que pasaran los padres denunciantes. Si bien las audiencias son públicas, se permitió el acceso a la prensa a tomar imágenes antes que pasaran los involucrados; pero no se dejó permanecer en calidad de oyentes ya que, según explicaron, “se trataba de un tema sensible y que involucraba a menores de edad”.
¿No tenía antecedentes?
El docente, según diario “El Telégrafo” de la ciudad uruguaya ubicada a la vera del río Uruguayo, ya había sido denunciado ante autoridades del Instituto de Formación Docente en 2009 por compañeras de estudio, debido a actitudes impropias para con menores en la escuela donde se desempeñaba como practicante. En esa oportunidad habría sido sometido a una junta médica para dictaminar si estaba apto para tratar con niños. Sin embargo en 2010 logró graduarse como maestro.
La condena, en detalle
Una vez acordados los términos, la Justicia dispuso la formalización de la investigación y posterior juicio abreviado respecto a G.M.S.D, imputado y condenado por “dos delitos de fabricación o producción de material pornográfico utilizando imagen de personas menores de edad en reiteración real”, imponiéndole como pena 16 meses de prisión las que se cumplirán en régimen de libertad vigilada con las siguientes medidas: la obligación de fijar residencia y no mudarse sin previo aviso al Tribunal; la prohibición de cualquier tipo de contacto, acercamiento, comunicación y relacionamiento con las víctimas menores por el término de 180 días; 8 meses de arresto domiciliario total, con la sola excepción de salida a los efectos de realizar tratamiento médico psiquiátrico y 8 meses posteriores de presentación a la comisaría de su domicilio, una vez a la semana.Además, se le impuso la obligación de someterse a tratamiento psiquiátrico para atender su problemática, debiendo acreditarlo en forma mensual ante la sede; y la prohibición de salir del país. Además se dispuso “la pérdida o inhabilitación para el ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o tenencia de niños, niñas o adolescentes o personas con discapacidad o personas mayores en situación de dependencia, así como la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas o privadas en el área educativa, de la salud y todas las que impliquen trato directo con niñas, niños o adolescentes o personas con discapacidad o personas mayores en situación de dependencia, cargos públicos o privados en la educación o la salud por el término de 10 años”. Y el resarcimiento económico a las cuatro víctimas directas, es decir las niñas que aparecen en los videos, por doce salarios del que percibía al momento del hecho.
