La iniciativa corresponde a la senadora Claudia Gieco (Frente Justicialista CREER) y tiene como coautores a Nancy Miranda, Jorge Maradey y Armando Gay. Obtuvo media sanción en la Cámara Alta el 4 de mayo de 2022 y recibió sanción definitiva en Diputados, el 22 de noviembre último. El propósito de la ley es regular la fabricación, producción y comercialización de productos médicos en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos. “Aprovechando el inminente cambio de gobierno, fue aprobado un proyecto que pretende regular las actividades de fabricación y comercialización de los llamados ‘productos médicos’, ignorando por completo la existencia de reglamentaciones ya vigentes a nivel nacional y provincial”.
“Bajo el disfraz de una pretendida innovación, potenciación económica local y bienestar sanitario, se esconde una jugada política que aumentará el gasto público, sin aportar beneficios en los aspectos de seguridad para el pueblo entrerriano”.
“La pretensión de lograr los estándares equivalentes de seguridad para la población entrerriana es un argumento erróneo, por ser ello innecesario y, además, contraproducente”. En este punto, agregan que “los productos médicos producidos de la manera ahora pretendida en la provincia, no tendrán competitividad fuera del territorio de Entre Ríos”.
“La aplicación de esta ley pondrá a Entre Ríos en la condición de una ‘isla sanitaria’, con productos médicos de origen local que no podrán traspasar las fronteras limítrofes de la provincia para ser comercializados o empleados de manera no onerosa, en otras provincias del país y menos todavía fuera de la Argentina; ya que no contarán con el aval de un organismo del calibre de ANMAT”.
Desde el Colegio de Farmacéuticos suponen que “el motivo de la implementación de esta nueva ley no tiene por objeto la mejora de la calidad y seguridad en lo referido a productos médicos sino que la impulsa la necesidad de favorecer intereses particulares, que aumentarán el costo del presupuesto provincial (más cargos públicos y mayores gastos administrativos y técnicos)”.
“El proyecto recién aprobado por la Cámara de Diputados adolece de errores conceptuales y yerra en su espíritu, ya que pretende regular lo que ya está regulado de manera correcta”, concluyen en sus apreciaciones.
“Ignoraron la legislación vigente”
A raíz de este tema, el pasado lunes el Colegio de Farmacéuticos presentó una carta al gobernador, a lo que sumó el viernes un pedido de audiencia.“Intenta regular algo que ya está regulado y que a los profesionales farmacéuticos junto al Ministerio de Salud nos costó años de trabajo”, explicó a El Entre Ríos Claudio Iriberry, secretario del Consejo Directivo del COFAER.
“Entre Ríos es pionera en la regulación y reglamentación de productos médicos. Muchas de las reglamentaciones que existe en la ANMAT han salido desde acá, con el Ministerio de Salud que se está yendo y con los anteriores, lo que está siendo tirando por la borda”.
“Se ha ignorado por completo la legislación vigente a nivel nacional y provincial, además del trabajo referido a la fabricación de productos médicos, que ya se encuentra fiscalizada y controlada de manera eficiente por la ANMAT, en el mismo sentido con las emitidas por el Mercosur y la OMS”.
Según señala, “han aprovechado el momento de retirada de las autoridades actuales y la composición de la legislatura actual para favorecer intereses particulares, aumentando costos, cargos públicos y administrativos”.
“Además tiene errores conceptuales, no tiene nada que ver con el espíritu de una ley sanitaria”.
“El pedido de veto al gobernador tiene que ver con cuidar el riesgo sanitario al que quedaría expuesta la población entrerriana”, dijo para finalizar.
