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Mauro Urribarri enfrenta los mismos males que su padre. Está rodeado de investigaciones judiciales por causas de corrupción y sabe que el Poder Judicial se anima a mover los expedientes con más celeridad.

El entorno de Mauro Urribarri reconoce que su rauda salida del Gobierno de Bordet se debió, en parte, a la necesidad de bajar el perfil y correrse del centro de la escena. Aún así, la mira de la justicia sigue enfocada en el corazón de la familia palaciega que no logra explicar su crecimiento patrimonial ni las contrataciones directas a sus parientes, que también son investigados.
¿De qué cepo me hablan?
Las medidas adoptadas por el Gobierno de Cristina Fernández para evitar la fuga de dólares marcaron tiempos de severas restricciones en la política cambiaria. Conseguir dólares era, para el común de los mortales, una tarea complicada y costosa llena de formularios, permisos y explicaciones.

Pero no todos debían atravesar esa aventura. En el despacho de Mauro Urribarri, durante sus días como secretario del Senado de Entre Ríos (cuando su padre era Gobernador), las cosas parecían ser más sencillas.

La Justicia Federal de Paraná investiga una denuncia impulsada por los abogados Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto que advierte del funcionamiento de una “Mesa de dinero” en el que desfilaban empresarios y funcionarios que pasaban a comprar dólares cual caramelos en un kiosco.
¿Qué se investiga?
La causa está caratulada como “Urribarri Mauro Gabriel, Aguilera Juan Pablo, Robledo Juan Sebastián, Pérez Gustavo Hernán, Lazzaro Fabian s/Infracción Art 303”. El título tal vez pueda sonar a poco, pero se trata de una causa grave ya que el artículo 303 del Código Penal está dedicado a lo que popularmente se conoce como “lavado de dinero”. El abogado denunciante, Rubén Pagliotto, había explicado que la denuncia radicada a fines de 2016 se efectuó por “haber realizado maniobras de compra y venta de divisas en forma clandestina y al margen de los controles del Banco Central de la República Argentina” que regían por aquellos días en que Mauro Urribarri ocupaba un despacho en la Cámara de Senadores.

Unas semanas antes, el caso había sido expuesto públicamente por la Revista Análisis, donde se advertía que entre 2012 y fines de 2013 “funcionó una mesa de dinero en el Senado entrerriano, donde se movían unos 30 millones de pesos mensuales. En la oficina del entonces funcionario Mauro Urribarri, se cambiaban miles de dólares por semana y de las operaciones participaban funcionarios, ministros, integrantes del Poder Judicial y conocidos empresarios”.

En la investigación judicial, a fines de febrero se remitió un oficio al Colegio de Escribanos de Entre Ríos solicitando que todos los matriculados “remitan copia de todas las escrituras en las cuales hayan intervenido” los implicados. La lista incluye al propio Mauro Urribarri, Juan Pablo Aguilera, Juan Sebastián Robledo, Gustavo Hernán Pérez, Jorge Lázzaro, Sergio Cornejo, Claudia Noemí Krenz, Nicolás Pierini y Lautaro Schiavoni.

La justicia quiere establecer cuáles han sido las transacciones en las que han intervenidos los acusados, retrotrayendo las operaciones inmobiliarias o de otro orden en las que hayan sido partícipes desde 2012. El Fiscal que lleva adelante la investigación, Carlos García Escalada, ya está recibiendo las primeras copias, para un delito que, de probarse, prevé penas de 3 a 10 años para los implicados.
Todo queda en familia
En la denuncia radicada por los dos abogados, que de forma incansable han tenido el coraje de exponer las innumerables irregularidades cometidas por el urribarrismo, están implicados varios actores que rodeaban a Mauro U: su padre, Sergio Urribarri; su tío Juan Pablo Aguilera; el secretario de la Cámara de Diputados, Nicolás Pierini; el prosecretario Sergio Cornejo; el secretario de labor parlamentaria del Senado, Lautaro Schiavoni y algunos nombres más muy cercanos al hijo más político de la familia Urribarri.

El poder del urribarrismo en la estructura política entrerriana sigue siendo de peso, ya que muchos de los investigados siguen muy cercanos a Sergio Urribarri desempeñándose en diferentes cargos en la Cámara de Diputados. Cuatro de los investigados ostentan cargos en la Cámara Baja que preside el mismo Sergio Urribarri.
Nicolás Pierini es de los “sobrevivientes”, amigo personal de Mauro Urribarri y por eso actual secretario de la Cámara de Diputados. Muchos lo señalan como el nexo con el club Patronato, que también está siendo investigado como parte de la maniobra. Se trata del club donde juega el otro hijo de Sergio Urribarri.

Sergio Cornejo es uno de los protegidos de Urribarri que lo sigue acompañando ahora en la Cámara de Diputados.

También participaba de la maniobra investigada la esposa de Cornejo, Claudia Noemí Krenz, desde hace algunos años incursionando en el negocio inmobiliario y tal vez la punta del ovillo para desentrañar la operatoria de “lavado” que se investiga.
Y su cuñado Juan Pablo Aguilera, quien está siendo investigado en estas y otras tantas causas por sus contratos irregulares con el Estado, se da el lujo de seguir cobrando un sueldo del Estado entrerriano como Secretario del Bloque de Senadores del PJ.
Una fuga sospechosa
Para muchos, el eslabón inicial es Juan Sebastián Robledo, que ingresó como empleado estatal en el primer gobierno de Sergio Urribarri. Es señalado como el mandadero que efectuaba los canjes de divisa. Un atentado en su domicilio y las amenazas posteriores hicieron, al final del camino, que Robledo se fugara de la Argentina. En su denuncia, la revista Análisis involucra al narcotráfico en la maniobra y da cuenta de autos llenos de valijas con dinero en efectivo, bolsas de consorcio llenas de dólares y viajes reiterados a Paraguay, por tierra y por avión.

Este entramado ya muestra elementos probatorios en manos de la Justicia entrerriana que, más allá de rastrear en detalle el origen del dinero, tiene pistas claras que complican el futuro de Mauro Urribarri y Juan Pablo Aguilera, como “administradores” de este negocio que, según consta en la denuncia, funcionaba en el propio edificio del Senado en el corazón de la política provincial.

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