El proyecto expresa que la oficina funcionaría en el ámbito de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia. Además, establece que el control y la coordinación administrativa estarán a cargo de un jefe de conciliadores, el cual deberá poseer título de abogado, formación en métodos alternativos en resolución de conflictos y acreditar de manera fehaciente experiencia no menor a diez años en materia laboral.
“Tenemos que propender a la celeridad en el pronunciamiento de justicia en materia de derecho laboral. La Oficina de Conciliación posibilitaría que, tanto empleados como empleadores, puedan dirimir los conflictos mediante un trámite rápido, sencillo, autónomo y abreviado, que permite poner fin a conflictos que, sometidos a la justicia ordinaria, llevarían años de tramitación hasta obtener una sentencia definitiva”, considera el legislador. “La celeridad no implica que no se observen los principios generales del derecho laboral, sino que, por el contrario, viene a garantizarlos, dado que la homologación de convenios conciliatorios procederá siempre y cuando se haya alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes, de conformidad con lo dispuesto por las normas superiores”, explicó La Madrid.
El titulado del proyecto establece, uno a uno, los puntos centrales para la gestión del organismo, entre ellos: registro de conciliadores, requisitos para el ingreso, incompatibilidades, honorarios del conciliador y de los letrados patrocinantes, fondo de financiamiento, procedimiento y acuerdos de conciliación, incentivos y hasta procedimientos especiales.
