El defensor solicitó la exclusión de varios informes llevados a cabo por Fiscalía que sostienen la acusación de Aguilera y otros imputados. Puntualmente cuestionó la evaluación del contador Héctor Enrique, empleado del Ministerio Público Fiscal (MPF), que habla de “devoluciones” en la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, en enero de 2015. Apuntó también a los informes de empresas de telefonía celular y al documento elaborado por la contadora Victoria González Brunet, también empleada de Fiscalía, que muestra entrecruzamiento de llamadas y contactos telefónicos entre imputados. Ese informe es, para la acusación pública, una prueba del interés particular de funcionarios políticos en beneficiar a la empresa El Juego en que andamos, de Gerardo Caruso, para que resulte adjudicada.
El defensor descartó la existencia de un direccionamiento por parte de funcionarios de Gobierno, tal como se acusó. Dijo que la “devolución” imputada como “retornos” fue “devolución de anticipos” y que un préstamo de dinero entre particulares de modo gratuito, está previsto en la normativa civil.
En otro tramo de su exposición, pidió a los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, que componen el Tribunal de Juicios y Apelaciones que conduce el debate, que no desconozcan el “permanente y sistemático hostigamiento mediático” que denuncian Urribarri y Aguilera.
Cabe señalar que el abogado también defiende los intereses de Luciana Almada, pareja de Aguilera, que llegó imputada al juicio en lo que se conoce como “causa de las imprentas” o “causa de la vaca”. El jueves pasado, Rodríguez Allende realizó su alegato defensivo en nombre de la pareja, en ese legajo puntual.
Para este martes se espera, según la agenda acordada entre las partes, el alegato de los defensores Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez. Los abogados expondrán su tesis, tras las imputaciones que enfrenta el exgobernador y actual embajador en Chipre e Israel. Con la exposición de ambos terminarán los alegatos de parte. Aunque para el jueves se espera la réplica de los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull. Posteriormente, los abogados Emilio Fouces, José Velázquez, Ignacio Díaz, Miguel Cullen, Juan Méndez, Rodríguez Allende, Barrandeguy y Pérez, responderán a los fiscales.
Tras varias semanas de escuchar valoraciones opuestas sobre la misma producción de prueba en los cinco legajos acumulados, será la oportunidad de los 13 imputados para decir sus últimas palabras antes de que el tribunal declare cerrado el debate y se avoque a deliberar para dictar sentencia. De ese modo, Urribarri, Aguilera, Luciana y Alejandro Almada, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Hugo Marsó, Gustavo Tamay, Germán Buffa y Gustavo Tórtul, podrán decirle a los jueces qué esperan de la sentencia.
“El tribunal está en una posición harto compleja para resolver”
Ese fue el primer cuestionamiento de Rodríguez Allende este lunes. El abogado alegó en la “causa parador”, que investigó el presunto desvío de una partida pública -superior a los 14 millones de pesos-, para instalar a Urribarri como precandidato a presidente de la Nación. Según la tesis de la acusación, el presunto acto de corrupción se llevó a cabo a través de la instalación de un parador playero en Mar del Plata, en enero de 2015, que sería para promocionar el turismo provincial pero enmascaró otro fin: promover la figura del exgobernador en el escenario nacional, de cara a las elecciones presidenciales.El defensor citó el alegato de sus colegas, Miguel Cullen y Emilio Fouces. “Ellos manifestaron una violación al principio de congruencia. Los fiscales endilgaron a Urribarri haber desviado más de 14 millones de peros para promocionar su precandidatura a presidente. En los alegatos de cierre, Fiscalía dijo que se sustrajeron fondos públicos para posicionar a Urribarri en el escenario nacional y que el inicio de ese posicionamiento data de 2013. Son dos figuras distintas: una cosa es una precandidatura y otra cosa el posicionamiento. El posicionamiento es legítimo y legal. Esto produce una afectación a la defensa en juicio y ubica al tribunal en una posición harto compleja para resolver”, apuntó y alegó: “Esta defensa invoca la afectación del derecho de defensa, no sólo para Urribarri sino también para Aguilera”.
Más adelante, Rodríguez Allende preguntó “¿Cómo se vio interesado Urribarri en favorecer a El juego en que andamos? Hay que preguntarse si respecto de la acusación a Urribarri, Fiscalía pudo demostrar un interés distinto al de la administración”, manifestó y retomó la figura de peculado que imputó el MPF. “Es una suerte de sustracción o desvío que Urribarri y Marsó pudieron realizar a favor de Caruso y Aguilera, fondos desviados a terceras personas”.
Reclamó analizar la “causa parador” a través de un esquema público y un esquema privado, tal como alegó en la “causa de las imprentas”. Colocó en el primer tópico la licitación pública tramitada desde el desaparecido Ministerio de Turismo a cargo de Marsó y el funcionamiento del parador propiamente dicho. Ubicó en el segundo tópico el “esquema de devolución” informado por el contador Héctor Enrique.
Descartó que el parador no haya tenido un fin turístico. Dijo que se enmarcó en “una política muy fuerte de turismo” implementada por la gestión de Urribarri. Citó el testimonio de Sebastián Bel, extitular de la Cámara Entrerriana de Turismo; y la declaración del empleado del Gobierno provincial, Alfredo Bedriñán. Recordó que para instalar el parador playero se pidió autorización al Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredón y luego empezó el “proceso de licitación”. Marcó que el trámite administrativo pasó por la Unidad Central de Contrataciones, área que calificó como “independiente”; y agregó que el expediente fue aprobado por el Tribunal de Cuentas de la provincia, organismo al cual el exsenador opositor Raymundo Kisser (Cambiemos), requirió un oficio donde se detallen las “observaciones”.
“Los fiscales dijeron que Castromil es ficticia pero no lo probaron”, valoró después, en referencia a la empresa que habría competido en la licitación con El Juego en que andamos de Caruso. Cabe recordar que la acusación pública sostiene que esa competencia fue una especie de simulación, porque la real intención fue favorecer a Caruso. En ese sentido, apuntó a los informes producidos con datos de las empresas de telefonía celular. Aseguró que se trata de elementos “ilegales” porque, tal como también lo dijeron sus colegas, no tuvieron autorización judicial. Por eso pidió la “exclusión del informe de la contadora González Brunet” y también los datos proporcionados “por las empresas prestatarias que deben ser excluidos”.
“Este tribunal puede dictar un fallo realmente histórico”
Otro de los pilares de la acusación es la existencia de un supuesto “esquema de devolución” por parte de El juego en que andamos a Juan Pablo Aguilera a través de Corina Cargnel, contadora interna de las empresas Tep y Next que Fiscalía adjudica al cuñado del exgobernador. El fiscal Ramírez Montrull asegura que se pudieron probar los retornos a partir de un documento del disco extraíble secuestrado en uno de los allanamientos del 1 de agosto de 2016; y el informe del contador Héctor Enrique. “Nos encontramos con un simple informe de parte. Genéricamente tenía que analizar esquema de devolución de anticipos. Enrique tuvo como base de su trabajo tres ítem: los informes de AFIP; las transferencias bancarias y las evidencias informáticas registradas en el disco externo y dos computadoras”, dijo y preguntó “por qué no se hizo una inspección judicial en Racedo 415”, donde están las instalaciones de Tep y Next. “Ahí tiraron el disco y tribunal no sabe de qué baño a qué casa”, acotó. Marcó “irregularidades” en los horarios y testigos civiles sobre el allanamiento e inquirió: “¿Por qué no se llamó al responsable del operativo?”.
En el mismo sentido pidió la exclusión de los informes del bioingeniero Guillermo Fritz, empleado del MPF, elaborados sobre material que contiene información digital como el disco externo y computadoras. “Estamos en las puertas de que el tribunal pueda dictar una sentencia histórica”, evaluó y subrayó: “Este tribunal puede dictar un fallo realmente histórico”.
“Devolución de anticipos”
Más adelante, Rodríguez Allende reivindicó los descargos de Aguilera y Caruso en la causa. “Ambos cuentan que uno le presta dinero al otro y bajo qué circunstancias ocurrió ese préstamo”. Reforzó esa idea diciendo que Caruso debió poner a funcionar el parador sin recibir dinero del Estado entrerriano. “Caruso recibió el primer pago el 23 de enero de 2015, el 40 por ciento del total. El parador pasó 20 días funcionando sin recibir un peso. Enrique rechazó la posibilidad que Aguilera le haya prestado dinero a Caruso porque no se hizo un mutuo, no se fijaron intereses ni cláusulas de pago. Aunque gran parte de los mutuos son gratuitos. Caruso y Aguilera se conocían. Aguilera lo auxilió con parte de fondos del PJ. Porque Aguilera trabajaba en el posicionamiento a nivel nacional de la imagen, y para eso contaba con un fondo”, contestó.Aseguró que parte de la deuda de Caruso fue devuelta a acreedores de Aguilera. “Le devuelve parte de la deuda pagando a proveedores de Aguilera. No hay un puente imaginario. Esto con una pericia contable se hubiese podido determinar”, se quejó. Mostró documentos privados del Partido Justicialista y el juez Chemez le impidió seguir porque no era prueba admitida. “Aguilera tenía la plena capacidad de disponer esos fondos del PJ”, acotó.
“Construcción mediática”
Por último, el defensor habló de “construcción mediática” en torno a las investigaciones fiscales. Refirió a “ciertos medios que a lo largo de muchos años” fueron trazando “un hilo conductor que siempre nos llevaba a un mismo final”.Enumeró después una serie de publicaciones del medio Análisis y apuntó la fecha. “Hablamos de algunos medios. Esto no es prueba admitida, pero es el análisis que hago en mis alegatos. Así como dije que el 17 de diciembre de 2015 fue denunciada la familia Urribarri a través de un medio que motivó denuncia formal por parte de dos profesionales. El 15 de febrero de 2016, ese mismo medio hablaba de los privilegios de Urribarri. El 17 de febrero informaba que la justicia enviaba cientos de oficios. El 16 de marzo de 2016 hablaba del ‘cajero millonario’ que era Juan Pablo Aguilera. Así como el 7 de abril de 2016, pasó a ‘los extraños vuelos de Urribarri’; el 20 de abril este mismo medio habló de los ‘montos que dirigentes, funcionarios y legisladores aportan al PJ’. El 21 de abril de 2016, se sostuvo el ‘generoso con plata ajena’ con Aguilera a la cabeza. Así como el 20 de julio de 2016, habló de ‘las 20 causas que involucran a sectores del peronismo’. Como después se estimó que ‘hay elementos para que Urribarri sea llamado a indagatoria’ en la causa que estoy alegando. El 29 de julio de 2016, se publicó que el fiscal contó cuáles eran los avances en esta causa. El 2 de agosto de 2016, un día después de los allanamientos, el abogado denunciante contó a través de este medio que ‘existen sobrados materiales’. El 3 de agosto se habló de ‘caja fuerte y elementos importantes secuestrados a Aguilera’. Secuestraron una caja fuerte y había 100 mil pesos adentro. Y así puedo estar otra jornada”, apuntó y preguntó: “¿Le asiste razón al pensamiento de Urribarri y Aguilera o se victimizan? ¿Les asiste razón del permanente y sistemático hostigamiento?”.
“Soy un profesional que siempre sostuvo que a los imputados tenemos que defenderlos con elementos probatorios. Pero en este caso particular el hostigamiento mediático ha existido, está a las claras y no se puede desconocer. Entendamos cómo se llega a los allanamientos. Pido a los jueces que entiendan el marco de situación. No puede estar ajeno el tribunal a esta situación”, reclamó. Cabe señalar que la figura de “hostigamiento” no existe en el Código Penal.
“No cabe otra posibilidad que la absolución de culpa y cargo de Aguilera por los hechos traídos en este legajo como partícipe necesario en negociación incompatible y peculado. Pido la absolución que tiene que ir acompañada de las exclusiones probatorias que ya reseñamos todos los defensores”, concluyó.
