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El Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) dispuso la derogación del sistema de prestación a sus afiliados del maestro integrador de apoyo a estudiantes de los niveles inicial, primario o secundario con algún tipo de discapacidad. Lo hizo a través de una resolución que fue dictada este martes.

Desde 2016, y a través de la resolución N° 702, la obra social provincial venía autorizando la prestación del servicio de maestro de apoyo “a los afiliados que lo soliciten para niños y jóvenes con certificado único de discapacidad e incluidos en la educación común en los niveles inicial, primario y secundario con planes de trabajo y con los aranceles que establece el Ministerio de Salud de la Nación”. Pero tres años después de vigencia de ese sistema, Iosper decidió reverlo y entendió que se trata de una prestación “esencialmente educativa y se realiza preponderantemente en los establecimientos educativos donde concurren nuestros afiliados con discapacidad en función de la integración escolar propiciada”. En esencia, se está, dice el texto de la resolución N° 2044, que dictó este martes 22 la obra social, de “una dificultad para aprehender los contenidos curriculares por parte el alumno integrado” y que “los médicos no pueden evaluar la necesidad de un apoyo escolar”.

El Iosper entiende que “la función del maestro de apoyo es estar físicamente en la escuela junto al alumno integrado. Es decir, un ámbito vedado al control del Instituto”. Y que el organismo que tiene “las herramientas para ofrecer soluciones útiles no es el Iosper” sino el Consejo General de Educación (CGE).

En ese marco, dispuso la obra social derogar la resolución que amparaba el pago de la cobertura de maestros de apoyo, e instruyó al área de Programas Específicos de Iosper a “que no haga lugar a las solicitudes que directa o indirectamente tengan como objeto una prestación de tipo educativa, debiendo derivar la petición al Consejo General de Educación”.
Conflicto
La medida ya estuvo contenida en la resolución N° 1.862, dictada el jueves 26 de septiembre, que instauró el estado de emergencia prestacional en el Iosper, y resolvió “suspender el ingreso de nuevas solicitudes de prestaciones de maestras orientadoras integradoras, como asimismo todo otro emolumento que se estuviere realizando y que no se corresponda estrictamente con una prestación de salud. Suspender todo reconocimiento prestacional que no sea estrictamente para la atención de la salud, como ser aquellos destinados a prácticas deportivas o actividades recreativas que no conlleven rehabilitación, quedando relevado el Instituto de brindar dichas coberturas”.

El Iosper entiende que el costo del servicio de maestro orientador integrador (MOI), que acompaña al alumno con discapacidad en el aula, debe quedar a cargo de ahora en más del Consejo General de Educación (CGE). Pero desde Educación ya rechazaron esa posibilidad.

El organismo que dirige Marta Landó dijeron que no asumirán ese gasto. El CGE, explicó, se ampara en la Ley N° 24.901, que regula el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, y que establece la obligatoriedad de las obras sociales de la cobertura total de prestaciones, entre otras, educativas y terapéutico educativas. Por lo tanto, el CGE no se hará cargo de prestaciones del ámbito de la salud, como la figura de Maestra de Apoyo a la integración, que por ley de prestaciones asistenciales deben pagar las obras sociales, explicaron. “Resulta desconcertante las afirmaciones que se han dado a conocer públicamente, dado que si bien las máximas autoridades del CGE, se han reunido con autoridades del Iosper, en algunas oportunidades, las mismas han tenido por finalidad dejar en claro la imposibilidad de apartarnos del marco legal y de lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia, aclarando que es la responsabilidad de todas las obras sociales en torno a los apoyos a la inclusión de personas con discapacidad”, indicaron desde Educación.
Fuente: Entre Ríos Ahora

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