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Estela Lemes es una de las docentes entrerrianas que, mientras trabajaba en la escuela rural donde es directora, tuvo que padecer junto a sus alumnos las consecuencias de las fumigaciones con agrotóxicos. Esto ocurrió en 2012.

Su historia es conocida desde que asumió el compromiso de denunciar las malas prácticas agropecuarias, que con el paso del tiempo deterioraron su calidad de vida. Primero se enteró de que tenía clorpirifós en la sangre, un insecticida que se utiliza para controlar la plaga de insectos. Hoy las consecuencias están a la vista en su cuerpo: sufre una neuropatía aguda que está afectando sus músculos, el equilibrio y la capacidad respiratoria. Con ese diagnóstico, comenzó un tratamiento y rehabilitación que quedó a mitad de camino por las restricciones impuestas por la pandemia.

Hace dos semanas, Estela escribió de puño y letra una carta dirigida al gobernador, Gustavo Bordet, aunque todavía espera por una respuesta. Sucede que la directora de la escuela N° 66 Bartolito Mitre de Costa Uruguay Sur, en el Departamento Gualeguaychú, recibió un nuevo revés de la Justicia provincial. En 2016 denunció que la ART estatal no le cubría el tratamiento, y solo recibe la asistencia ambulatoria en un 70% del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). Después de tres años, la Justicia Laboral de Gualeguaychú falló en su contra, una vez más. Para llegar a ese dictamen se tuvieron en cuenta dos informes periciales, de un neurólogo y de una médica, quien determinó que Lemes padecía de un síndrome químico múltiple. El primer facultativo había establecido que no presentaba ninguna dolencia. Entonces el juez convocó a un perito forense, quien sin examinarla ni un sola vez “se quedó con lo que dijo el perito neurólogo”, cuenta la docente en su carta abierta. Ante este panorama, la mujer deberá seguir costeando el 30% del tratamiento, que incluye la estadía, la comida y los viajes cada vez que concurre a atenderse al Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica (Cener), ubicado en la localidad entrerriana de Galarza. “Queríamos que la ART estatal se haga cargo de todo, que pueda ir a internarme sin gastar nada, porque la enfermedad la contraje en mi trabajo. Por eso iniciamos una demanda, que en realidad la presentación judicial incluye a la ART, al Consejo General de Educación (CGE) y al Superior Gobierno de Entre Ríos, porque es mi empleador”, relató.

Estela es consciente de que la batalla judicial no iba ser sencilla y pone como ejemplo que las prestadoras reconocen dentro de su cartilla muy pocas enfermedades de riesgo de trabajo. Tampoco se olvida de que se puso al frente de una lucha desigual contra grandes corporaciones. “Mi idea de hacer la carta es que el gobernador se interiorice del tema y me conteste. No he recibido respuesta. He tenido el apoyo de gente de mi pueblo, de Gualeguaychú y me ha hecho llegar su apoyo el intendente de Gualeguaychú (Martín Piaggio). Sé que como el Judicial es otro poder, es imposible que él -por Bordet- pueda hacer algo, pero sí desde su lugar de empleador”, dijo.
La docente apelará el fallo en una instancia superior
“Al no haber ido a hacer la recuperación física, obviamente que los músculos están sin trabajar en este momento. Están no atrofiados, pero sí endurecidos y con falta de elasticidad”, reveló Estela en relación a su situación de salud.

Cansada de transitar un proceso que lleva varios años, avisó que no claudicará en su objetivo para que se garantincen sus derechos básicos. Por eso es que apelará el fallo de primera instancia que no hizo lugar a su planteo contra el Estado provincial.

“De acuerdo al fallo de la apelación seguiremos adelante hasta la instancia que sigue. Presentamos el escrito correspondiente, algo que deberán hacer el resto de las partes”, explicó. Estela tiene expectativas de que la sentencia pueda revertirse, y que ese es el norte que la motiva a seguir adelante.

“Tengo esperanzas, porque tengo que seguir. Porque creo que si apelo a los jueces que compongan ese tribunal, deberán mirar lo que pasa a su alrededor, con los entrerrianos que hemos sido fumigados, los casos de cáncer que hay, los niños que nacen con malformaciones y los niños que mueren de cáncer”, pidió.
Fuente: Diario Uno

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