Al Estado deberán pagarle más de $3 millones
Contra todos los pronósticos, el Estado ganó la demanda. A finales de marzo último, el caso se cerró con la decisión del pleno del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que ordenó a los trabajadores de la Administración Pública que iniciaron el pleito, y lo perdieron, pagar las costas y honorarios, que representa una suma millonaria: $3.300.211,94.
El resultado adverso de la causa judicial motivó una serie de reuniones de los empleados que perdieron el juicio en procura de establecer qué caminos seguir ante la certeza de que deben hacer frente al pago de honorarios por más de $3,3 millones.
Algunos estatales deberán pagar sumas módicas, poco más de $500, pero otros se verán en dificultades para reunir entre $27 mil y $31 mil.
¿Quién cobra esos honorarios?
Según la Ley N° 7.296, "en los juicios en que la parte contraria fuere vencida en costas, los honorarios que se regulen al Fiscal de Estado o a quien lo sustituya, tendrán el siguiente destino:
a) El 50% se destinará a la Fiscalía de Estado, pudiendo su titular disponer de esos fondos de acuerdo a las necesidades del organismo.
b) El otro 50% se distribuirá, en la forma en que se reglamente, entre los integrantes del cuerpo de abogados de la Fiscalía de Estado.
c) Lo dispuesto en el inciso anterior no será de aplicación respecto de los honorarios regulados a letrados que no pertenezcan a la Fiscalía de Estado".
Rodríguez Signes distribuye el dinero
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explica que "los honorarios deben depositarse en una cuenta de la Fiscalía de Estado y luego se distribuyen conforme lo establece la Ley 7.296: 50 % para necesidades del organismo, como por ejemplo capacitaciones y traslados, y 50 % se distribuye entre los empleados".
Aseguró que, desde que es Fiscal, "todavía no he hecho ninguna distribución de honorarios. Lo digo porque hay un mito en cuanto a los honorarios creyendo que los abogados de Fiscalía cobran mucho en ese concepto y la realidad es que superó los ocho años como fiscal y recién comenzaré a distribuir ahora, porque rara vez ingresan fondos en ese concepto".
¿Quiénes perdieron?
Entre los que demandaron, y que perdieron el juicio en reclamo de resguardo de sus adicionales salariales, está la secretaria de Comunicación, y encargada del área de Información Pública del Gobierno, Maricel Brusco. En el área de Brusco, son 31 los empleados que iniciaron la demanda, y que deberán abonar, en promedio, $17.382,21 en concepto de honorarios.
Pero el reclamo involucra también a trabajadores de la Dirección de Administración del Ministerio de Economía; Comunicación y Servicios Telefónicos de la Gobernación; el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper); la Dirección General de Personal; la Gobernación; la Policía; y entre otros, el Servicio Penitenciario de Entre Ríos.
El decreto de Busti desató la demanda
Todos esos empleados reclamaron en la Justicia que se anule "por ilegítimo" el decreto de Busti que ordenó la supresión de los beneficios dispuestos por Montiel a través del decreto N° 6.143, del año 2003.
La historia de ese conflicto se remonta a la época de la Emergencia Económica durante el montielismo, que dio lugar, entre otras cosas, a la emisión de los Bonos Federales.
El decreto N° 105, dictado el 14 de enero de 2004, destacó que la Ley N° 9.382 declaró, a partir del 12 de enero de 2002, el estado de emergencia económica, social, sanitaria y financiera en la provincia, que rigió hasta junio de 2003.
En el marco de esa emergencia, "se establecieron prioridades en el uso de los recursos del Tesoro Provincial, contemplándose en tal sentido a los sueldos y haberes previsionales, los aportes y contribuciones al Iosper, las deudas con los proveedores de medicamentos e insumos hospitalarios, deudas con proveedores, y programas alimentarios y nutricionales y las remesas de municipios".
Pero el decreto de Busti hace notar que esas decisiones "no hacen más que revelar una evidente irrazonabilidad de todos actos administrativos que otorgaron adicionales y /o modificaron las bases de cálculo de otros ya vigentes con anterioridad, en franca conspiración con las prioridades mencionadas, y el equilibrio de las cuentas públicas, con una manifiesta intención de la anterior gestión de gobierno de generar futuros conflictos con el personal".
Y que aún en el marco de una grave crisis en las finanzas públicas, la administración Montiel, decidió el incremento de haberes de los estatales "mediante la asignación de adicionales y/o bonificaciones especiales que contradecían no solamente la normativa vigente, sino también la propia realidad".
Y por eso, Busti decidió dejar sin efecto aquel decreto de Montiel que había resuelto incrementar los sueldos de los estatales mediante la reasignación de adicionales.
