Varisco está acusado por el Ministerio Público Fiscal por ser autor de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la Administración Pública, en tanto que el asesor legal Walter Rolandelli y el presidente de la Mutual Modelo, Ángel Emilio Picazzo, como partícipes primarios.
Este jueves se realizó la audiencia de remisión a juicio de la causa, pero el trámite estuvo cruzado por planteos previos de nulidad, y de exclusión como querellante particular del diputado provincial Gustavo Guzmán (PJ). En caso de que no prosperen esos planteos, los defensores de Varisco, Rolandelli y Picazzo pidieron el sobreseimiento de sus defendidos.
Lo novedoso es que el pedido de apartamiento de Guzmán, que es representado por la abogada Rocío Rivero, como querellante particular, fue solicitado por los defensores de Varisco y Rolandelli, Rubén Pagliotto y Damián Petenatti, y de Picazzo, Miguel Cullen y Emilio Fouces, y al pedido adhirió la fiscal Patricia Yedro, quien lleva la acusación. No fue la única peculiaridad: en su pedido de remisión a juicio, Yedro acusa a los tres por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la Administración Pública. Pero la abogada Yedro sólo pidió la acusación de Varisco y de Picazzo, y el sobreseimiento de uno de los acusados, Rolandelli.
En la audiencia, con fuerte debate entre las partes, la fiscal Yedro insistió con el pedido de elevación a juicio ante el juez de Garantías Ricardo Bonazzola, al que adhirió la querellante Rivero, pero que encontró cerrada oposición entre los defensores, que pidieron la nulidad del proceso y, eventualmente en caso de que se rechace, el sobreseimiento de sus defendidos.
Vínculos con la campaña
La fiscal Yedro consideró que se cumplieron todas las etapas procesales como para solicitar la remisión de la causa a juicio oral, con la acusación a Varisco, Rolandelli y Picazzo por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la Administración Pública. Dijo que hubo decisión de “favorecer” económicamente a la Mutual Modelo cuando el 22 de enero de 2016 pidió al Intendente un adelanto financiero de $1,5 millones para sobrellevar la difícil situación financiera por la que atravesaba. La Mutual Modelo tienen entre sus clientes cautivos a los empleados de la Municipalidad que se han afiliado y han pedido préstamos que, después, el Estado municipal retiene de sus salarios y se convierte así, en agente de retención que luego debe derivar a la mutual.Yedro destacó principalmente las “observaciones” que efectuó el contador general de la Municipalidad de Paraná –designado en 2015, durante la intendencia de Blanca Osuna-, Eduardo Campdesuñe, lo que derivó en la anulación del primer trámite y la presentación de un nuevo pedido por parte de la Mutual Modelo el 28 de enero. El dinero nunca fue entregado a la Mutual, y el trámite fue rechazado en julio de 2017, luego de que se presentara la denuncia penal en la Justicia.
Yedro dijo que no estaba dentro de las facultades del intendente disponer de esos fondos públicos, ya que estaría vedado por la Ley Orgánica de los Municipios. En respuesta, la defensa le hizo notar que ese tipo de auxilios financieros a las mutuales comenzó durante la gestión del exintendente José Carlos Halle. Y que nunca fue observado, ni siquiera por el ahora juez de juicios Alejandro Cánepa, que fue asesor legal durante la intendencia de Halle, y que antes de asumir como magistrado fue miembro del Ministerio Público Fiscal.
“No forma parte del objeto lícito de la Municipalidad de Paraná convertirse en agente de retención de las mutuales”, planteó Yedro.
La abogada Rocío Rivero planteó su coincidencia con la fiscal, “salvo en un solo punto”: pidió el sobreseimiento de Rolandelli. “Con o sin el dictamen legal de Rolandelli, Varisco igual hubiera otorgado el préstamo a la mutual”, dijo.
“La mutual no atravesaba una crisis financiera por la cantidad de trabajo que mantiene con el Estado. Es una de las mutuales que más trabaja con el estado. Y es objeto de una investigación en otra causa”, planteó.
Después, viró su planteo que empezó siendo técnico hacia un discurso de campaña. Dijo que el adelanto financiero que pidió la Mutual Modelo, que la administración Varisco acordó en otorgarle –aunque luego no concretó- y la rapidez con que se hizo el trámite, con la inclusión de la firma de la concejal Marta Zuiani (Cambiemos), fue, sostuvo Rivero, “parte de acuerdos de la campaña electoral, un acuerdo político. Son estos acuerdos informales con los cuales se financia la campaña política”.
La primera fase, contó, incluyó el financiamiento de la campaña de Varisco por parte de la Mutual Modelo, y la contraprestación fue la incorporación de Marta Zuiani a la lista de candidatos a concejales. La otra, fue beneficiar económicamente a la Mutual Modelo.
Y tras señalar, sin aportar pruebas, una serie de situaciones enojosas de la Mutual Modelo, pidió al juez Bonazzola que le aplique una “medida disciplinaria. Una sanción. Solicito la suspensión de las actividades que realiza con el Estado. Debo hacerlo ya es repugnante los negociados que está celebrando esta mutual con el Estado”, planteó aunque no abundó en ningún tipo de detalles.
El defensor Fouces fue el primero en solicitar el apartamiento del diputado Guzmán como querellante “ya que no posee legitimación activa para llevar adelante este rol. El único que tiene la representación es el Ministerio Público Fiscal”.
“La Mutual Modelo no es la única. Son varias. No tiene un convenio particular con el intendente. Existen reglamentaciones, ordenanzas que regulan este funcionamiento de las mutuales dentro del municipio. El municipio asume el carácter de agente de retención por los préstamos que reciben los empleados municipales. El municipio, en el momento que le retiene a los agentes para luego ser abonado a las mutuales, pasa a ser deudor de las mutuales porque es agente de retención. La Fiscalía habla de adelanto y préstamo. Y en realidad, cuando se da el pedido de adelanto, la Mutual Modelo era acreedora por casi 6 millones de la Municipalidad. No existió perjuicio económico para el municipio”, aseguró.
Miguel Cullen observó la falta de claridad en el hecho imputado, y por eso hizo el planteo de nulidad del proceso. Apuntó que la Mutual Modelo pidió un adelanto financiero, y que el acto de peticionar no puede convertirse en delito por cuanto en ese caso se vulnerarían garantías constitucionales. “Cómo me defiendo en este proceso si el hecho se imputó es haber hecho una presentación, haber firmado un convenio, todas cuestiones que son legítimas y válidas. ¿Dónde está lo ilegal?”, preguntó.
Pero se detuvo en un punto: los dos delitos por los que acusó la Fiscalía, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la Administración Pública, “son contrapuestos”.
“Es un planteo ezquizofrénico: pedimos el sobreseimiento sobre delitos contrapuestos”, observó.
Rubén Pagliotto también pidió la nulidad de la remisión a juicio por cuanto, aseveró, “ejercemos una defensa en las sombras: uno no sabe de qué defenderse”.
Luego, hizo un fuerte reproche a la Procuración: “No hay política criminal. Los fiscales trabajan a 200 por hora, bajo la abominable teoría de que la Fiscalía tiene que acusar. Eso es mentira. El deber primario del Ministerio Público Fiscal no es acusar. La cuestión primaria es investigar. Y si al final hay mérito para sentar a alguien en un juicio, ahí recién se habilita la imputación y la acusación”.
Reprochó que la Fiscalía no haya observado el mismo delito en las mismas operaciones que hubo durante las gestiones de los exintendentes José Carlos Halle y Blanca Osuna. “¿Cuál es el criterio de selección? “, preguntó.
Hizo notar que los dos delitos por los que se acusa a Varisco y Rolandelli se “autoexcluyen. Es como el ‘no’ y el ‘sí’. “Y se pretende condenar a la Mutual Modelo por el delito de peticionar, y a Rolandelli por opinar en un dictamen”, dijo y en función de eso pidió la nulidad del proceso, y eventualidad el sobreseimiento de los acusados.
Cada uno de los planteos nulificantes serán resueltos el próximo 1 de octubre. Entonces, se sabrá si la causa es remitida a juicio, o todo vuelve a fojas cero.
