Ayer los abogados defensores plantearon en la audiencia sus argumentos para pedir por la inocencia y la liberación de los acusados. Algunos sostuvieron que se trata de una causa armada por la Policía y que el juez la caratuló como asociación ilícita porque en la investigación no se encontró droga.
En tanto el fiscal general Ricardo Álvarez dijo que no hay asegurada una futura condena y las pruebas no son contundentes, pero que hay elementos para seguir investigando, por lo que los principales acusados deben seguir procesados.
Los abogados Juan José Buktenica y Francisco Azcué defienden a los presuntos jefe y organizador de la banda, Javier Caire y Mario González, y a familiares de este, María Inés González, Rosana Tenis y Carlos Segovia.
Plantearon la "notable incongruencia respecto de las pruebas y la descripción de los imputados (...) El delito de asociación ilícita exige elementos que lo diferencian de una participación", como una "estructura objetiva: estable, duradera en el tiempo; unidad y reciprocidad que hacen a la pertenencia a la organización, y que existan deberes en cada integrante". Por esto sostuvieron que "el juez (federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró), rozando lo absurdo, le asignó a cada uno una función".
Cuestionaron que "la única prueba son escuchas telefónicas" y que "no se probó la intención o voluntad de pertenecer a esta organización en el propósito de delinquir".
Además, "se exige que quienes son jefes u organizadores realmente manden. No hay ni una sola orden de Caire a nadie, ni siquiera a su mujer", afirmaron.
Rafael Briceño es defensor del comisario inspector de la Policía de Entre Ríos, Mario Núñez, quien se desempeñaba en un alto cargo de la Dirección Toxicología al momento de ser detenido; y del sargento de la Policía Federal, José María Gómez. Coincidió en que "es errónea la calificación legal", y que "no existen evidencias serias y concretas (...) La relación y contactos entre las personas no significa que haya voluntades para la comisión de un delito". Tampoco hay "acuerdo ni permanencia", de la presunta organización, dijo. Sobre Núñez, afirmó que "es una persona honorable, proba, y hasta podría ser tachada de inmaculada, no por mí, sino por la sociedad. Trabajó 26 años en la policía, 18 en la calle (...) Hay solo dos escuchas, de las que obtiene es información específica de un informante, que fue dada al responsable del lugar para que investigue. En las llamadas no da datos, no libera zonas, no da información sobre procedimientos ni estados de sospecha".
El abogado Flavio Sigot (defensor del gendarme de Concordia Carlos Acosta) aseguró que "el expediente es una verdadera burla al servicio de Justicia, armado por cierto sector de la Policía contra algunos funcionarios públicos". En este sentido, remarcó que el juez "tergiversó las escuchas y lo que vio en soporte fílmico y fotográfico", y que "amontonó gente porque no se podía probar el delito investigado".
El defensor del policía federal Sergio García, Juan Pablo Temón, sostuvo que el juez le ocultó al imputado en la indagatoria parte de la conversación y le atribuyó otro diálogo que no le corresponde. "No era él quien participó de esa conversación sino un efectivo de Gendarmería Nacional", afirmó, y agregó: "Son pruebas dibujadas, incompletas y mal atribuidas".
La opinión de la Fiscalía
El fiscal general Ricardo Álvarez recordó los "esfuerzos desesperados" para probar que "algo perturbador ocurría en Concordia y Concepción del Uruguay".
El fiscal admitió que la asociación ilícita "es una calificación polémica", que en la causa "falta muchísimo camino por recorrer", y que "se está lejos de elementos para una condena. No puedo decir que estamos ante una condena segura en este caso".
En este sentido dijo: "Lo único que tenemos es un comportamiento relacionado a la asociación ilícita". Luego solicitó que sean sobreseídas cinco de las 14 personas imputadas: Orlando Caire (padre del sindicado como organizador de la banda), Rosana Tenis, María Isabel González, Elsa Caram (hermana, madre y pareja respectivamente del supuesto jefe de la organización narco), y Carlos Alberto Segovia (remisero acusado de hacer los delivery de droga).
"De la interrelación y el tenor de los diálogos no encuentro elementos suficientes para acusarlos", dijo Álvarez. Sin embargo, consideró que hay pruebas que permiten sospechar del rol de los demás imputados, en particular de Mario González como jefe y de Javier Caire como organizador. Así como del aporte de los integrantes de fuerzas de seguridad "para dar tranquilidad operativa y pasar datos", lo que consideró como una especie de "contraprestación" entre el narco y los uniformados.
Pidió mantener la prisión preventiva mientras avanza la causa para evitar peligros de fuga o entorpecimiento de la investigación. El tribunal integrado por Cintia Gómez, Daniel Alonso y Mateo Busaniche pasó a deliberar y en un plazo que no ha sido fijado, pero que podría extenderse debido a la complejidad de la causa, dará a conocer la resolución sobre el procesamiento y la prisión preventiva de los acusados.
