Los imputados por “tenencia de estupefacientes para la comercialización, agravado por intervenir más de tres personas” fueron detenidos el sábado 12 de mayo por la noche durante el allanamiento que se realizó en una vivienda de calle Guastavino al 500. La fiscal Martina Cedrés les tomó indagatoria y a las 48 horas se realizó la audiencia de prisión preventiva; el juez de Garantías, Guillermo Biré, concedió la medida solicitada por el Ministerio Público Fiscal y determinó 45 días de prisión preventiva.
Estos seis detenidos son parte de los diez que hubo a fines de abril en el mismo lugar del allanamiento, señalados de formar parte de una supuesta banda delictiva dedicada a robos en distintos puntos de la ciudad. La Policía fue buscando elementos denunciados, pero además de encontrarlos hallaron un kilo de marihuana y 11 gramos de cocaína.
En ese momento no regía en Entre Ríos la Ley de Narcomenudeo y, como se hacía hasta ese entonces, las actuaciones quedaron bajo la órbita del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Pero increíblemente se ordenó la liberación de los detenidos, la Justicia local prosiguió con la causa por los elementos robados e imputó a los detenidos por el delito de encubrimiento.
Ahora, ya con la entrada en vigencia de la Ley de Narcomenudeo desde el 9 de mayo, la realidad es otra, y es la Justicia de Gualeguaychú la que investiga lo relacionado a la tenencia y comercialización de estupefacientes. Es en ese marco que se dispuso la preventiva para los seis involucrados en el último allanamiento.
Pero tras la resolución del juez de Garantías Guillermo Biré, y la intervención de Pablo Di Lollo como defensor de uno de los detenidos, se decidió apelar esa medida ante la Cámara de Gualeguay y en la audiencia que se realizó ayer al mediodía, el vocal Daniel Crespo decidió revocar la medida y concederles arresto domiciliario a los seis imputados.
Según contó Di Lollo: “apenas asumí la defensa, apelé la preventiva por considerarla exagerada y, tras mi alegato, la defensora de pobres y menores adhirió a mi planteo”. El abogado del joven de 25 años, que se encuentra imputado junto a los otros cinco que fueron defendidos por el defensor público, indicó que atacó “los argumentos del Juez de Garantías cuya base era la amenaza de pena, que legalmente va de 4 a 15 años, el riesgo de fuga y el entorpecimiento. Entonces, fundamenté mi alegato con la poca evidencia que había en el Legajo, con doctrina y jurisprudencia del Superior Tribunal y de la Cámara de Casación, y me enfoqué en atacar eso”.
Ahora a la cuestión deberá resolverla el Ministerio Público Fiscal, en el caso de que volvieran a pedir prisión preventiva, a la medida deberá solicitarla directamente al juez de Garantías, Guillermo Biré, el mismo que la concedió en un primer momento, antes de ser revocada en Gualeguay.
