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Los abogados José Velázquez y Leopoldo Cappa, defendieron a Daniel “Tavi” Celis. Este lunes, los fiscales José Ignacio Candioti, Leandro Ardoy y Carlos García Escalada pidieron 15 años de prisión para quien es señalado como jefe de una banda dedicada al narcotráfico con injerencia política en la Municipalidad de Paraná. Lo acusaron formalmente de organizar el aterrizaje de la avioneta con 317 kilos de marihuana y del financiamiento de la banda con dinero de la Municipalidad.

“La acusación contra ‘Tavi’ Celis son las interpretaciones telefónicas”, aseguró en su alegato defensivo José Velázquez, referente al primer hecho, por el cual se solicitó la absolución.

Respecto del segundo hecho, en la causa Narcomunicipio, solicitaron una rebaja de la pena a 6 años de prisión. Entendieron que comercializó cocaína por un período determinado de tiempo, por un “estado de necesidad”, y reclamaron al TOF que considere la situación socioeconómica y cultural.

Velázquez afirmó que Celis llegó con el “rótulo de narcotraficante” al juicio. “No me enojo con los medios de comunicación. A Celis le han puesto muchos apodos, por ejemplo le dicen ‘orejudo’. Y en otro momento lo hubiesen condenado por sus orejas”, dijo y reclamó: “Hay que sacarse la idea de que Tavi Celis es narco”.
Narcoavioneta
El defensor señaló que la acusación de organizador en la causa Narcoavioneta, se basa en una conversación telefónica. Se refirió de ese modo a la escucha entre Tavi Celis y Hernán Rivero, entonces a cargo de la Unidad Municipal 2 de Paraná, en la cual Celis le pide a Rivero camiones sin GPS para trasladar muebles. “Pusieron cámaras e hicieron seguimientos pero no pudieron encontrar nada. Se puede pensar que Celis utilizó vehículos públicos para fines particulares y es reprobable. Pero se pensó que era para trasladar droga porque se partió de un presupuesto, del rótulo de narco”, argumentó el abogado.

En cuanto a las conversaciones que Celis mantuvo con Silva buscando combustible de alto octanaje, que los investigadores señalaron como preparativos para el aterrizaje de la avioneta con marihuana, el defensor señaló que se trata de “interpretaciones”. “Esto puede ser una fábula, son conversaciones. ¿Por qué se relaciona con droga? ¿Nosotros no hacemos chistes?”, preguntó.

“Los verdaderos actos de ejecución de la organización comienzan en febrero de 2017. Ahí hay una conversación directa, y el objetivo era bajar el avión. Pero no participa ‘Tavi’ Celis, que no tiene ninguna vinculación con la causa de la avioneta. ¿Pasar un dato es un delito? No. Si él sabía lo que podía llegar a realizar el hermano, tampoco es un delito. ¿Se puede organizar un delito que no se cometió? Sí, pero no es punible. Son actos preparatorios. El delito no se configura”, alegó.
Narcomunicipio: connotaciones políticas y el reclamo por Gainza
Leopoldo Cappa fue el encargado de defenderlo en la causa Narcomunicipio. Aclaró que Celis no estaba preso desde 2016 por narcotráfico, sino por un asalto en Diamante. Habló de “connotaciones políticas” y dijo que Celis es “un dirigente político y tiene el trabajo de llevar votos a un partido determinado”. “La militancia es organizada, no es un delito, es un regalo de la democracia”, definió.

Resaltó la ampliación indagatoria de Celis en el juicio. “Se responsabilizó del comercio desde enero de 2017 a mayo de 2018. Su declaración coincide con la de Luciana Lemos, excepto en algunos puntos que se corresponden a cuando Lemos cambió de defensor. La declaración de Lemos no es fidedigna. Prueba de ellos es que el instructor excluye de esto al ex concejal Emanuel Gainza. Entonces ¿es fidedigna o no? Gainza también está en el cuaderno. ¿Le creemos a Lemos o no?”, preguntó. “Acá no hay dirigentes del Pro procesados pero sí los radicales”, se quejó.

Señaló después que “Celis fue contundente al manifestar que nadie le financiaba la droga, que la modalidad era a consignación. Esto tiene sentido, porque es la modalidad que se usa en este pasamanos de boleo”.

Marcó las coincidencias de entre lo que dijo Celis con otros imputados como su hermano, Miguel “Titi” Celis y el ex concejal Pablo Hernández; y recalcó la denuncia por el supuesto robo de una caja fuerte con dinero el día del allanamiento en la casa de “Tavi” Celis. “¿Cómo al capo narco más importante que investigó la fiscalía le dan tres puntazos en la unidad penal?”, preguntó después. “No es joda esto, estaban en un estado de necesidad tan grande que vendían cocaína para pagar los 15 kilos que le habían robado”, dijo y agregó: “La campaña de Cambiemos en 2015 lo dejó insolvente y eso lo llevó a Celis a cometer el robo en Diamante. Hoy estamos ante el peor momento de la vida de Celis, quebrado y lejos de su familia”.

En la misma línea, añadió que “Celis no aportó un peso a la campaña de cambiemos”. “Hizo aportes en especies, cena, autos y quería recuperar la plata que había invertido. ¿Está mal? No está mal aportar a la campaña. Él decía que la gente le apedreaba la casa porque no cumplía con lo prometido. Es un acuerdo político. ¿Es un delito haber invertido en la campaña? No, es la política. Yo milité mucho tiempo y no me daban nada, y eso me enojaba mucho. ¿Cómo no se va a enojar Celis si además aportó plata?”, inquirió.

Por último dijo que “Celis reconoció que militó, que aportó dinero, y que siguió en el narcotráfico. Ese reconocimiento tiene que ser valorado en el mismo sentido que Lemos, Céparo y Caballero. Si Celis se sentó y reconoció el comercio de cocaína durante un período, tiene que ser valorado en el mismo sentido”, pidió.
Absolución y rebaja
“La historia de Celis es dura”, acotó sobre el final Velázquez y pidió analizar el contexto sociocultural. “Ese criterio fue tenido en cuanta en la causa Bioletti por este tribunal. Celis, en su estado ¿qué otra cosa hubiera podido hacer? Tiene 9 hijos, problemas económicos, la Municipalidad no le cumplía el acuerdo… recurrió a lo que tenía a mano. Es importante tener esa consideración para la graduación de la pena en el segundo hecho. Encima le robaron la droga. Él hace lo que puede y como puede. Yo no sé si no veía en el acuerdo político una salida. Quería trabajar y ese acuerdo político no cumplido, le frustró un sueño”, alegó.

Después se pidió la absolución en la causa Narcoavioneta y y una rebaja de la pena en la causa Narcomunicipio. “No hubo organización en este hecho sino coautoría, por lo cual cabe una recalificación del hecho. Y la pena sería de 6 años”, finalizó.
“Orfandad probatoria” y reclamo de absoluciones
Entre los alegatos defensivos estuvieron presentes los abogados defensores de Hernán Rivero; Renzo Bertana; María Fernanda Orundes Ayala; Patricio Larrosa y Cristian Silva.

El juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves a las 13, cuando se reanude con los alegatos de la defensora oficial Noelia Quiroga. Continuará el viernes y el próximo lunes. Para el primer día hábil de la semana que viene, está previsto que aleguen los defensores de Sergio Varisco y Griselda Bordeira. En tanto que los defensores de Pablo Hernández pidieron alegar en última instancia.
“Mi defendido es inocente”
Así comenzó su alegato la defensora Corina Beisel, que habló en representación de Hernán Rivero, acusado formalmente por la Fiscalía a 6 años de prisión y una multa de $6.000 por considerarlo coautor del delito de comercialización de estupefacientes agravado.

La abogada dijo que “la acusación tiene endeblez probatoria y vulnerabilidad argumental”. “Es un andamiaje enclenque de la hipótesis fiscal, y no sólo respecto de la intervención de Rivero, sino también de otras personas. Los fiscales parten de una premisa errónea, plagada de valoraciones parciales y sesgadas, que los conduce a extravíos”, acusó.

Recordó que mientras se desarrollaba la investigación, la Cámara Federal ordenó que se profundice la pesquisa. “Llegó esto a juico y Rivero está preso hace 2 años y medio siendo inocente. Porque no es verdad que a Rivero lo haya puesto Celis en la Unidad Municipal 2”.

Agregó que su defendido trabajaba en la Unidad Municipal 2 y fue “incorporado por gestión de Blanca Osuna”. “Rivero no tiene nada que ocultar, si se lo condena será un error judicial”. Beisel dijo que lo único que existe en contra de Rivero es una escucha donde Daniel Celis le pide camiones sin GPS para el traslado de muebles. “Sobre esto se cimienta la acusación, el resto son acusaciones dogmáticas. Ante esta conjetura, debo decir que no sabemos qué pensó Rivero cuando Celis le pidió esos vehículos, y si fuera posible penar una ideación o pensamiento”.

Más adelante rechazó las conversaciones sobre la compraventa de zapatillas. “No se le puede cargar en la mochila a Rivero esta acusación porque hay orfandad de prueba. Entiendo que afirmaciones de los fiscales son premisas falsas que van a conducir a una conclusión falsa. El modo correcto de interpretar conduce a la absolución”, dijo y concluyó: “Solicito la absolución lisa y llana de mi defendido. Que se disponga su inmediata libertad”.
“Las escuchas no son una prueba”
El defensor oficial Joaquín Castelli, alegó por Renzo Bertana y María Fernanda Orundes Ayala. El primero es hijo del corazón de Daniel “Tavi” Celis y la Fiscalía no formuló acusación. La mujer es pareja de Celis y para ella la Fiscalía pidió 6 años de prisión más una multa de 6000 pesos por considerarla coautora del delito de comercialización de estupefacientes.

“El Ministerio Público Fiscal no probó ningún grado de participación criminal de Orunes Ayala. Para esta defensa está constituido que las afirmaciones del Ministerio Fiscal son conjeturas. No hay testigos ni pruebas que muestren la participación de ella. Se usa y abusa de conversaciones telefónicas captadas. Se les da un sentido arbitrario. Pero la Ley 23.737 es categórica en cuanto a la prueba como fotografías, filmaciones o grabaciones y dice que serán evaluadas por el tribunal si se comprueba autenticidad de las mismas. Pero las escuchas no fueron comprobadas, no se realizó prueba de ecometría para saber si las voces corresponden a las personas acusadas. Por eso, para esta defensa las escuchas no son una prueba. Se necesita que lo conversado se materialice en plano de realidad. Hay que demostrar que hicieron lo que dijeron que iban a hacer en las conversaciones”, explicó.

Agregó que el resultado del allanamiento en la casa de Orundes Ayala fue negativo. “Todo se reduce a escuchas telefónicas y las interpretaciones, pero la escucha no es un medio de prueba autónoma sino una diligencia accesoria que aporta un dato que permite adquirir certeza”, agregó.
Más pedidos de absolución
Continuó las alegaciones el abogado Augusto Lafferriere, que representa a Patricio Larrosa y Cristian Silva. Para el primero la Fiscalía pidió 5 años de prisión más 5000 pesos de multa por considerarlo partícipe secundario de la comercialización de estupefacientes. Para el segundo la Fiscalía pidió 8 años de prisión por considerarlo coautor de comercialización de estupefacientes agravada.

Larrosa fue imputado porque su camioneta, una Saveiro blanca, fue vista el día del aterrizaje de la avioneta con 317 kilos de marihuana en María Grande Segunda. “Se probó que aterrizó la avioneta. Se probó que la camioneta cruzó antes del aterrizaje y que la manejaba Miguel Ángel Celis. Larrosa le prestó la camioneta a Miguel Celis. ¿Pero sabía para qué? El punto central de la imputación de Larrosa queda descartado para nosotros. Se le efectuaron allanamientos y requisas pero no se encontró nada. ¿Dónde está la colaboración de Larrosa? Si la única colaboración es el aporte de la camioneta, falta el dolo de conocimiento y voluntad”, alegó el abogado.

“Pedimos la absolución de Larrosa y la inmediata libertad, con devolución de bienes personales secuestrados, en particular de la camioneta Saveiro”, reclamó.

Después alegó sobre la acusación contra Cristian Silva. “Se lo acusa de ser asistente colaborador en el comercio de estupefacientes. Hay varios puntos que el fiscal tarta de atar con un hilo: el acuerdo con el municipio, el negocio con zapatillas, el aerocombultible, los bidones, la búsqueda de pistas y la relación con ‘Tavi’ Celis”, dijo.

“No sé por qué se empecinan con las zapatillas. Silva intentó rescatar esa mercadería que estaba en manos de Griselda Bordeira. Encima, el fiscal desliza que cuando hablan de zapatos podridos, se refieren a droga. Hoy en Paraná hay gente que está calzada con esas zapatillas. La cuestión de los zapatos está totalmente descartada como incriminante del comercio de droga”, rechazó.

También aseguró que como parte del acuerdo político con el municipio, se le ofreció algo de obra pública a Silva que tiene una constructora. “Además, se dijo que buscaban 3000 litros de combustible para el avión cuando le entran 140 litros al tanque de un Cessna 210. ¿En qué cabeza cabe? También se dijo que Silva buscó pistas para aterrizaje, pero no hay ninguna prueba de eso. En el allanamiento tampoco encontraron nada”, alegó.

Por eso solicitó la absolución, la inmediata libertad, y la devolución de bienes personales.
Fuente: Análisis Digital

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