La saga de Piratas del Caribe está repleta de frases inolvidables. Sus seguidores recordarán, entre ellas, una que involucra al antihéroe Héctor Barbosa, quien luego de adueñarse del Perla Negra encuentra a bordo a la bella Elizabeth Swann. Ésta reclama por sus derechos invocando un famoso código de piratas. Barbosa acepta la existencia del código, pero sienta un precedente respecto de su interpretación para obtener ventajas. Lo hace aduciendo que “el código se parece más a lo que uno llamaría una guía que a verdaderas reglas”.
La sucesión de abolladuras a que fue sometida nuestra Constitución Nacional durante los últimos doce meses permite suponer que también nuestra Carta Magna es apenas una guía flexible, que no debe ser obedecida a rajatabla.
La muestra más reciente: el intento, esta semana, de imponer un toque de queda sanitario por decreto. Al final, parece haber primado la opinión un poco más sensata de quienes temieron que la medida excediera las atribuciones presidenciales, y la redacción final de la norma resultó más una sugerencia que una orden, como en el Caribe funcionaba aquel código pirata.
Es que todas las restricciones a la movilidad, todas las aduanas interiores que gobernadores e intendentes impusieron, todas las obligaciones de obtener un permiso para circular, y casi todos los protocolos sanitarios, tienen visos tiránicos, reñidos con los derechos que la Constitución confiere a los ciudadanos.
Más aún: en nombre de las urgencias impuestas por la pandemia, los intentos ciudadanos por defenderse contra los abusos del Ejecutivo chocaron con una Justicia que no sólo trabaja a reglamento, sino que, al menos en este frente, rechazó todos los amparos. Un caso curioso de obediencia debida con los decretos y olvido de la Constitución.
No sólo en asuntos vinculados con el manejo de la pandemia y de la cuarentena (¡dos cosas bien distintas!) fueron flexibles la ley y la justicia. Cuestiones que hoy ya nos suenan distantes, como la liberación indiscriminada de presos peligrosos, o la aprobación del impuesto a las grandes fortunas, que muchos consideran anticonstitucional, son ejemplos de cuán por encima de cualquier ley se consideran nuestros dirigentes.
La hoy trabada cuestión de la designación del Procurador General de la Nación es muy gráfica respecto de la capacidad de idear interpretaciones convenientes, a veces muy alejadas del espíritu de la Constitución. Resulta que a la Vicepresidente, que había propuesto un candidato, no le gustó que la oposición estuviera de acuerdo con dicho candidato. Entonces, buscó cambiar su elección. Pero para ello no contaba con dos tercios de los votos del Senado, como establece la ley que reglamenta la elección de los miembros del Ministerio Público Fiscal, una figura contemplada en la Constitución. ¿Qué solución imaginó? Cambiar la ley que reglamenta esa elección, de forma que ya no fueran necesarios los dos tercios del Senado para aprobar a un candidato. Cambiar esa ley sólo demandaría la mitad de los votos. Es decir, una ley que establece una mayoría especial puede ser modificada con una mayoría simple que modifique la mayoría por ella requerida. El espíritu de la ley no importa. Ya lo sabemos: es una guía, no son reglas.
Si no son reglas, sino una guía, sabemos que no se cumplirán. El jueves corría el rumor de que la AFI había conducido una encuesta que hablaba de rebelión popular ante las nuevas restricciones. Por eso, quizás, reculó el Gobierno con su toque de queda sanitario. De todas formas: ¿quién forzaría su cumplimiento? ¿Las fuerzas policiales que el Gobierno se empeña en fustigar de forma permanente por exceso de fuerza? ¿La Gendarmería, a quien la Ministra de Seguridad descalifica cuando intenta desalojar una toma mapuche? ¿La Justicia que favorece más a los transgresores que a las víctimas? Las reglas se escriben; no hay quien las haga cumplir.
Menos aún será posible hacerlas cumplir en un contexto en el cual quienes las dictan sugieren auto-amnistías, o auto-indultos para fechorías mayores a las que supone participar de una fiesta o una reunión con amigos. Algunos son más iguales que otros: los fueros hacen que muchos acusados no puedan ser alcanzados ni por la ley ni por la justicia.
Tenemos una Constitución, un conjunto de leyes nacionales y provinciales, y numerosas ordenanzas municipales. Todos, a la vista, flexibles. Como en la exitosa saga cinematográfica, conforman una guía, no son reglas. Como en la saga cinematográfica, quienes las administran a su gusto parecen piratas.
PS. Esta columna no aparecerá durante el resto del mes de enero.
