-¿Quién es el autor del proyecto que derivó en la Ley Micaela?
-Hubo dos proyectos. Uno presentado por el bloque del Frente para la Victoria, escrito por una colaboradora de Carmen Argibay, cuando fue jueza de la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado el Movimiento Evita, donde Micaela militaba, presentó un proyecto con el mismo fin. Les pedimos que se pongan de acuerdo para unificarlos. Así fue que nos convocaron para presentar un paquete de leyes que se llamara Micaela García, de la mayoría de los bloques.
-¿Se logró sanción unánime?
-En la Cámara de Diputados 171 votos a favor y uno en contra, el de Olmedo (Alfredo). Al día siguiente, el 19 de diciembre, en Senadores los 59 votaron afirmativamente.
-¿Qué dice la ley?
-Es una ley corta, de once artículos, diez con algún contenido importante y uno de forma. En el primer artículo ya define la función estableciendo la capacitación obligatoria para las personas que trabajan en el Estado, en todos sus niveles y jerarquías, en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Los otros artículos definen responsabilidades y autoridades de aplicación.
En el Art. 8 se establecen las sanciones por ser obligatoria. Hay un paso intermedio que es una intimación de la autoridad de aplicación definido en el Art. 3, que es el Instituto Nacional de las Mujeres. Si frente a esta intimación la persona no asiste a la capacitación, tiene una sanción disciplinaria que es falta grave, según el Código de Disciplina del Estado Nacional.
-La ley no establece cuáles son los contenidos de las capacitaciones ni quienes las deben llevar a cabo.
-No, establece que cada organismo debe presentar un programa de capacitación, cuyo control de calidad está a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), que puede modificarlo o hacerle sugerencias para que el organismo lo modifique. Como contralor, el INAM debe, entre otras cosas, hacer una difusión pública del cumplimiento de la ley en su página web y elaborar un informe anual especificando indicadores cuantitativos, como la cantidad de personas capacitadas por los organismos según su jerarquía. Además, le piden que elabore indicadores de evaluación de impacto en las capacitaciones. El espíritu de la ley es que los programas sean móviles, que se vayan ajustando, o sea si no logran el fin deseado se deben rever los programas y los organismos tendrán que presentar uno nuevo. Así que las autoridades máximas de cada organismo son las responsables de su implementación.
-¿Y ellos eligen quiénes serán los capacitadores?
-Claro. Una de las cosas que nosotros pedimos es que las organizaciones sociales y los sindicatos tengan participación en las capacitaciones, porque es donde mejor se ha trabajado la temática. El Estado debe ser parte porque como la ley es obligatoria se aplican sanciones, pero a nuestro modo de ver se tiene que abrir el juego a otras organizaciones.
-Hay dos resistencias. Una es esta cuestión de la ideología de género; incluso Alfredo Olmedo presentó un recurso de inconstitucionalidad que fue rechazado rápidamente.
La otra barrera es que el feminismo plantea una cuestión más transversal del poder político y los liderazgos. En nuestro país estamos acostumbrados a liderazgos unipersonales muy fuertes, una pirámide estructural jerárquica muy empinada, y el movimiento de mujeres viene a plantear otra cosa, lo que inevitablemente va a afectar la manera de construir poder. Entonces muchos políticos que han construido su poder actual en base a un verticalismo, tienen miedo al cambio de las reglas del juegos. Son conscientes de los derechos de la mujer, pero les cuesta dar ese paso. Pienso que ese miedo va a ir corriéndose.
A mí me gustan los mensajes que está dando Alberto Fernández respecto a los derechos de la mujer. Se está pensando en abrir un ministerio que tenga en cuenta estas cuestiones, con acciones y políticas concretas. Tenemos leyes que las fijan como la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres que establece acciones que el Estado no está haciendo. Hay un observatorio de seguimiento creado por esta ley, que debe llevar estadísticas. La cantidad de femicidios que ocurren en nuestro país la llevan dos organizaciones sociales y no coinciden las cifras porque tienen en cuenta distintos criterios. El Estado debería asumir este rol que le exige la ley.
-En cuanto a la primera de las barreras que mencionaste: ¿Tiene algo que ver esta ley con la ideología de género?
-Para mí no. Hay un miedo a capacitar en estas cuestiones y a mí me parece muy perverso que alguien plantee que la gente no sepa sobre un determinado tema. Es impedir que una mirada le llegue a las personas porque ellos no están de acuerdo. Eso sí es ideología.
-Particularmente creo que lo que más ruido hace es que la ley no especifica qué contenidos se brindarán, quiénes lo harán ni de qué forma. Quizá sería más tranquilizador que ya estuviese pautado. Está claro que hay que avanzar en las políticas de prevención de la violencia de género, porque las estadísticas hablan por sí solas.
-No se habla mucho de la forma de dar esas capacitaciones. Lo que se está haciendo, en el mejor de los casos, es una analogía con el sistema educativo, pero quien estudia una carrera tiene ganas de aprender sobre ese tema, mientras que la ley establece la obligatoriedad. Hay quienes si no estuviesen obligados no estarían ahí o se taparían los oídos, y son quienes más necesitan tener perspectiva de género. Tenemos que cambiar la forma de actuar del Estado frente a esto, por lo tanto hay que llegar a estas personas que se resisten por cuestiones socioculturales.
Por eso consideramos que el mecanismo debe ser mediante talleres, que es lo que hacemos desde la Fundación Micaela. Es sorprendente porque la gente entra en contradicción con lo que creyó siempre, y eso los abre a la posibilidad de pensar diferente sobre la temática. Hay una actividad en la que responden preguntas por ‘sí’ o por ‘no’; en su mayoría los hombres, por su situación de privilegio, contestan ‘no’ y las mujeres ‘sí’. Entonces se arman grupos mixtos y sacan conclusiones de por qué sucede eso, luego nosotros les damos el marco teórico, pero primero hacemos que se den cuenta ellos.
-¿Cuáles son las preguntas en la que hay mayor diferencia en la respuesta entre hombres y mujeres?
-Por ejemplo: “En tu trabajo, ¿tuviste que demostrar tu capacidad más que el género opuesto?”, “¿Tenés miedo a andar por la calle solo/a?” Los hombres contestan por lo general que no, las mujeres que sí. Se ve que viven en mundos diferentes; entonces los varones se ponen en el lugar de las mujeres y comienzan a entender su problemática. Esto nunca se va a lograr con un docente explicándolo teóricamente sin su participación. Por ejemplo, hay otra actividad que se llama el juego de las esquinas, donde hay carteles que dicen ‘nunca’, ‘casi nunca’, ‘a veces’ y ‘siempre’. Se les pregunta: “Te toca lavar los platos en tu casa”, se desplazan hacia una esquina y se ve que muy pocos varones van al lugar de ‘siempre’ y bastantes a ‘casi nunca’. Así, en un ambiente alegre, van viendo una realidad que al comenzar la actividad no tenían.
-¿Qué provincias y municipios han adherido a la ley?
-De los 24 distritos, 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, 17 han adherido. En San Luis tiene media sanción, con lo que serían 18. Faltarían 6 para los 24, entre ellos Entre Ríos.
-¿Qué pasa en Entre Ríos?
-Hubo dos proyectos que se presentaron inicialmente, uno del senador Giano (Ángel) y otro del diputado Zavallo (Gustavo). Nos reunimos en forma privada con ellos, a uno le planteamos que el proyecto no nos gustaba y había que mejorarlo mucho según nuestra opinión; en el otro caso el poder estaba muy anclado en el Ejecutivo de la provincia y nos parecía que tenía que estar más abierto el juego. Últimamente se presentó un proyecto de una diputada de Cambiemos que no aporta nada a lo que veníamos trabajando; desde el bloque nos habían dicho que votarían por un proyecto en el que nosotros como papás de Micaela estuviésemos de acuerdo.
Después mantuvimos dos reuniones a las que se sumó el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, en las cuales empezamos a darle formato al texto. Discutimos mucho sobre la cuestión jurídica porque decían que lo que nosotros planteamos no se podía hacer. Desde hace varios meses tenemos un texto acordado, salvo en la parte de asignación presupuestaria.
-¿No es posible adherir al texto de la ley así como está sin presentar modificatorias?
-No, porque seis de los artículos de la ley hablan de funciones del Instituto Nacional de las Mujeres, que no tiene poder sobre los Estados provinciales. Nosotros queremos que ese reemplazo esté en el texto de la ley y no que dependan de un decreto, que el gobernador de turno lo modifica como quiere.
-¿Hay municipios entrerrianos que adheridos a la ley?
-Hay municipios que adhieren a la ley nacional, cosa que se puede hacer sin esperar a que la provincia lo haga. Entre ellos, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia, Villaguay, San Salvador.
Lo que vemos es que se habla más de la Ley Micaela fuera de Entre Ríos. El poder político la impulsa bastante más que acá, con acciones concretas. A Micaela la conocen más fuera de Entre Ríos.
-¿A qué se debe?
-Creo que Micaela interpela la forma de hacer política, al propio peronismo. La militancia que proponía Micaela no está asimilada en la provincia, con la participación de los jóvenes. Acá es todo más arreglo de cúpulas, sin embargo en otros distritos la militancia tiene su poder.
-¿En Colón, el municipio ha mostrado algún interés?
-No que yo tenga conocimiento. Hemos participado de algunos eventos de reconocimiento durante la gestión de Rebord. Andrea (Lescano) trabajó con Miriam Lambert en el Hogar Yanina, donde se hizo muy buen trabajo; es un refugio de referencia a nivel nacional.
Nosotros sentimos cercanía desde el afecto, pero reclamamos políticas concretas que deben generarse desde el Estado.
-¿Tienen pensado reunirse con el futuro intendente?
-Hemos intercambiado algunos mensajes de WhatsApp. Nos reunimos en una oportunidad porque desde la fundación estábamos haciendo un relevamiento de barrios populares en un convenio con Nación. Se lo comentamos a todos los intendentes y algunos no quisieron trabajar, entonces buscamos otra fuerza. Así que si bien no se llegó a hacer, tuvimos una reunión con Walser (José Luis), Favre (Ramiro), un representante de Cáritas y un representante de los evangélicos. Pero para hablar de este tema (por la ley) no hemos tenido un llamado concreto.
-Para finalizar, ¿la causa por el crimen de Micaela está cerrada o todavía hay actuaciones?
-En un juicio abreviado se condenó a 5 años de prisión a Ehcosor (Fabián), padrastro de Sebastián Wagner, por encubrimiento. A Wagner por violación y femicidio de Micaela y a Néstor Pavón a 6 años por encubrimiento. El hijastro de Wagner quedó absuelto.
Nosotros apelamos y la Fiscalía lo hizo en el mismo sentido, porque creemos que Pavón fue coautor del femicidio. Pavón apela diciendo que él no encubrió. Wagner mantiene su declaración de que él la violó pero el que la mató fue Pavón, y la cámara ratificó la condena hacia Wagner y abre un nuevo juicio para Pavón por posible autoencubrimiento, lo que significaría que fue partícipe de la violación y el femicidio. Ese juicio todavía no comenzó.
Néstor Pavón está queriendo la libertad condicional. Ya se lo han negado una vez, pero sus abogados volvieron a presentar el pedido. Nos parece poco serio siendo que la cámara se expidió y se va a abrir un nuevo juicio.
