Directivos de seis Obras Sociales (Iosper, Iosfa, Osuthgra, Luz y Fuerza, Amur y Jerárquicos) difundieron una carta abierta en la que rechazaron “todo acto que constituya abuso de derecho o de situación de dependencia económica o poder de negociación superior en detrimento de intereses de orden público como es el derecho a la salud”, contó Cañete.
El fuerte posicionamiento fue ante las notificaciones que hicieron algunos círculos que obligan a las Obras Sociales a “proceder al incremento de aranceles vigentes en virtud de la resolución 387/ 21 del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, que estableció los aranceles mínimos obligatorios, bajo el apercibimiento de suspender la prestación del servicio", precisó presidente del Directorio Obrero de Iosper.
En ese marco, contó que las Obras Sociales “poseen convenios vigentes con cada uno de los círculos odontológicos cuyos aranceles han sido fijados de común acuerdo en base al principio de libre contratación que establece la legislación, siendo los mismos dignos y ajustados a la realidad".
Además, subrayó que cada institución “privilegia por sobre todo el derecho a la salud de su población beneficiaria”, por lo que reivindican “el derecho a la libre contratación que rige nuestro ordenamiento jurídico, destacando que cualquier conducta que vulnere el mismo es inconstitucional”.
Preocupación
Al respecto, uno de los representantes de la Obra Social Jerárquicos Salud, Diego Sagardía, indicó que “el Colegio de Odontólogos obliga a las diferentes asociaciones y obras sociales a cobrar aranceles mínimos y éticos impuestos por ellos mismos”.Y sumó: “Los aranceles éticos que establece el Colegio ponen en tela de juicio la continuidad de la atención odontología y del sistema de salud en la provincia de Entre Ríos, debido a que de los valores que tenemos medianamente pactados y que ya están consensuados y ajustados a la realidad actual, el colegio está imponiendo cobrar un 60% más”.
Consultado sobre el 60 por ciento de incremento que establece el colegio, Sagardia, explicó que “no lo tiene por qué pagar el paciente y todas obras sociales están preocupadas por las atenciones de sus afiliados".
En este sentido, detalló que agrandes rasgos, “una consulta ronda entre 900 y 1.000 pesos y con la actualización el valor se acercaría a 1.600 pesos la consulta, sin tener en cuenta las practicas”.
“Estamos preocupados por la calidad de servicio de los afiliados, y nos encontramos con acciones monopólicas por parte de ciertos dirigentes y se daña la calidad de servicio de los afiliados”, añadió Sagardía.
Inconvenientes a partir de diciembre
En tanto, el representante de la Obra Social Luz y Fuerza, Daniel Palacios, sumó que “esta decisión del Colegio motivó la convocatoria de todas las obras sociales y la idea es armar un comunicado que manifieste un repudio y rechazo a la decisión unilateral del colegio que afecta a las obras sociales y afiliados”.“Tratamos de buscar un cambio en la actitud del colegio y que se establezcan valores consensuados”, explicó y agregó que hasta el momento los odontólogos trabajan con las obras sociales, pero “los convenios no se van a poder concretar a partir del 1º de diciembre con los valores que quiere el Colegio”, cerró.
