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Militantes por el ambiente de cuatro naciones encendieron una alarma internacional en el paraje de Cuchilla de Fuego, sobre el Acuífero Guaraní, en la 7ª seccional judicial y la 10ª policial de Paysandú, a 154 kilómetros de la capital sanducera y a 123 de la ciudad de Tacuarembó, en el Municipio de Tambores.

Mientras en San Pablo el sábado los cancilleres del Mercosur se reunían y aplicaban finalmente a Venezuela la "Cláusula Democrática de Ushuaia", sobre el Acuífero Guaraní una multitud de casi 400 personas –convocada por la Coordinadora Ambiental Todas las Manos, pertenecientes a más de una decena de movimientos ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil– se hizo presente para exigirle al gobierno que mande parar ya esta actividad sumamente peligrosa para el futuro del acuífero, entre otras demandas, en la primera de las cuatro perforaciones de la empresa Schuepbach and Petrel Energy, que explora la posible existencia de petróleo y gas en Cerro Padilla.

Cuatro exploraciones (en Paysandú, Tacuarembó y dos en Salto) de Schuepbeach and Petrel Energy sobre el Acuífero Guaraní mediante fracking o no, ponen en riesgo de una u otra forma -sostiene las ONG-, el agua, la tierra y hasta la represa de Salto Grande, pero además el orden originario de la naturaleza al norte del río Negro.

Hasta Cuchilla del Fuego llegaron ciudadanos preocupados por estas perforaciones, la primera ya en marcha y con una profundidad de búsqueda estimada extraoficialmente entre los cien y 800 metros sobre el mismo acuífero. Entre ellos, el alcalde de Tambores, Ricardo Soares de Lima, la senadora del Partido Nacional miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, Carol Aviaga, Edgardo Rodríguez del MPP-Tacuarembó y Gonzalo Abella de Unidad Popular.

A 515 kilómetros de Montevideo, en el límite departamental de Paysandú con Tacuarembó, en el mojón 154 de la ruta 26 y a seis kilómetros hacia el interior de la cuchilla basáltica, se erige la torre de Schuepbach and Petrel, rodeada de varios contenedores en donde habitan los trabajadores, unos diez a quince como máximo.
Marcha contra el fracking en Cuchilla del Fuego
Fuente: El Telégrafo

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