La presentación se realizó en la Policía como denuncia penal porque se trató de hechos constitutivos de violencia, pero no hubo delito. Por lo que desde Fiscalía se le dio intervención al Juzgado de Garantías, a cargo de Ramón Arturo Lell, para que dicte medidas de tutela anticipada como prohibición de acercamiento y de actos molestos. Aunque desde ahí se dio intervención a la jueza civil y Comercial N°2, Silvia Vega.
Según la información brindada, se denunció un “hecho violento en su sustancia”: el reclamo a un colegio privado de La Paz porque el hijo no estaba entre los elegidos para la Bandera, realizado en términos que no corresponden. Las medidas que se pidieron son las habituales en este tipo de situaciones, coinciden con las medidas de protección que se tiene en el marco del Código Procesal Penal, pero el marco jurídico es otro porque tienen un sustento en la ley provincial de violencia de género.
Hace un año y medio aproximadamente, el vocal Castrillón protagonizó un vergonzoso episodio violento en un kiosco de La Paz, en las inmediaciones de su domicilio particular, por el que también fue denunciado. El local comercial tenía música alta y Castrillón pidió que la bajen. Ante la negativa todo se fue de las manos y los empleados del kiosco llamaron a la Policía. Por el episodio se abrió una investigación penal que terminó en una conciliación entre las partes. Como no se aplicó una medida alternativa al proceso como una suspensión de juicio a prueba, pese a la postura del Ministerio Público Fiscal (MPF), el hecho no puede tenerse en cuenta como antecedente.
Un año antes de lo ocurrido en el kiosco de La Paz, Castrillón fue denunciado por la actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina de Rizzo, también por actos de violencia. La jueza hizo la presentación formal tras un cruce por un grupo de WahtsApp del que participaban todos los vocales y donde se delineaban políticas de trabajo durante la pandemia. El proceso cerró con un pedido de disculpas públicas por parte del paceño.
No fueron los únicos actos de violencia que se conocieron públicamente y que involucraron a Castrillón. De hecho, en la Legislatura de la provincia hasta hubo un pedido de juicio político que no llegó a tratarse porque el vocal se jubiló.
