La designación de Carlín -nacido en Basavilbaso, con título de abogado obtenido en la Universidad Nacional del Litoral en 2006, matriculado en 2007; convertido en 2008 en asesor de la Convención Constituyente, luego funcionario en la Municipalidad de Paraná, y desde 2014 en el Poder Judicial, como defensor- fue dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), en un mecanismo de nombramiento que ha sido reprochado por el propio gobernador Gustavo Bordet.
El 9 del actual, en el acto de asunción de Diego Lucio Lara como nuevo presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, el Gobernador dijo: «No estoy de acuerdo que los fiscales y jueces se nombren por la voluntad discrecional del gobernador, pero tampoco estoy de acuerdo que hoy se nombren las suplencias por las autoridades de incumbencia del Poder Judicial. Tienen que intervenir los tres poderes del Estado. Voy trabajar en una reforma para que así sea. Voy a dar expresas instrucciones al Consejo de la Magistratura para que agilice los concursos. Si hay que reformar la Ley del Consejo de la Magistratura, la reformaremos. No se pueden demorar tanto tiempo los concursos porque eso resiente la forma de designar nuestras autoridades».
Pero en el Poder Judicial no estuvieron de acuerdo con las manifestaciones del titular del Poder Ejecutivo.
La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos celebró “la intención de alcanzar una mayor celeridad en el trámite de los concursos para la magistratura y la función judicial. Es menester recordar que ahí no se agota el procedimiento de selección de los mismos; se debe exigir también la misma celeridad al Poder Ejecutivo al enviar las ternas y al Senado de la Provincia al analizar los pliegos”.
“Asimismo –apuntó la entidad-, manifestamos nuestra preocupación frente a la posibilidad de que en el proceso de selección de jueces y juezas y funcionarios y funcionarias judiciales ´suplentes e interinos´ intervengan los otros poderes del Estado, pues tal designación es una atribución constitucionalmente asignada al Superior Tribunal de Justicia (art. 202) y a los Ministerios Públicos (art. 207) y en su ejercicio está implicado el equilibrio de poderes y la garantía de la independencia, como pilares del sistema republicano, designaciones que deben hacerse a través de pautas objetivas basadas en la idoneidad e integridad de quienes vayan a ejercer interinamente dichas funciones”.
El clima de tensión se agudizó en los últimos días con el furioso pronunciamiento de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que cuestionó la participación de la Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, como miembro del Consejo de la Magistratura, en el proceso de selección de 8 nuevos jueces de Garantías en la Provincia.
La Sala Penal sostuvo que «debería evitarse todo prejuicio de posible interés de quienes realizan esa tarea y, en especial, creemos altamente inconveniente que, en un sistema procesal en el que el Ministerio Público Fiscal tiene la potestad de promoción y ejercicio de la acción penal pública, así como de conducir las investigaciones consecuentes, con el control de los Jueces de Garantías -únicos límites al poder de los Fiscales-, sea precisamente la Procuradora Adjunta quien integre el jurado de selección de los ocho cargos vacantes de Jueces de Garantías existentes en la provincia, con lo cual, sin desconocer la idoneidad, experiencia y buena fe que puede guiar a dicha funcionaria, resulta indudablemente empañada la real independencia y ecuanimidad del proceso por la circunstancia de que la segunda en el orden jerárquico de jefatura de los Fiscales sea quien seleccione a los Jueces que deberán controlar sus actuaciones».
«Hacen ese cuestionamiento y ahora son ellos los que ponen un juez de Garantías», dijeron desde la Procuración en obvia referencia al nombramiento de Juan Hipólito Carlín como juez de Garantías suplente.
