Lo que exige el Estado
El 4 de este mes, el Consejo de Educación dictó la resolución N° 2.566 que amplió el contenido de otra norma, la N° 2.565, dictada el 3 de julio de 2008, por la que se aprobó un manual de funciones de directores de escuela, y se les impuso el deber de informar sobre asistencia de docentes, con la vista puesta en sancionar con descuento salarial a aquellos que se sumen a las huelgas sindicales.
Según esa directiva, el CGE quiere que los directores realicen "el control y carga de las asistencias del personal del establecimiento", a través del Sistema de Administración de Gestión Educativa (SAGE). La normativa fija que "todo el equipo directivo deberá cargar la asistencia diaria del personal de su establecimiento educativo".
Además de esa resolución, José Luis Panozzo, responsable del CGE, envió una nota a todos los directores departamentales de Educación para que, a su vez, notifiquen a cada directivo de la medida. Allí recuerda a cada director que el "control y cargas de asistencia" es un "deber establecido como función y responsabilidad del personal directivo".
Segundo rechazo
Pero las escuelas católicas, primarias y secundarias, piden quedar al margen de esa normativa, que ya generó un enfrentamiento entre el Gobierno y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
"La exención solicitada se sustenta en el principio de autonomía derivado del derecho de libertad de enseñanza tutelado constitucionalmente", dice el texto presentado. "Asimismo, lo que antecede fue deliberado y decidido en la reunión del Consejo Provincial de Educación Católica realizada en Villaguay el 17 de agosto, estando representadas las tres Juntas de Educación de las diócesis de la provincia", añaden.
Y al final, la nota, que llegó a todos los apoderados legales de las escuelas católicas, dice: "Por lo expuesto, se hace saber que hasta tanto no ese expida el CGE sobre la nota presentada, solamente deberá informarse las inasistencias por fuera del SAGE, ya que el sistema no lo permite de otra manera, enviando la información referida a las inasistencias de los docentes incluidos los días de adhesión a medidas de fuerza".
La rebelión supone desconocer al CGE como organismo que fija la política educativa en la provincia, y pone a la Iglesia, y sus escuelas, en un claro acto de desconocimiento al Estado como responsable último de la educación en la provincia.
