El jueves 16 de abril, en el Juzgado Civil 3, se había recibido un primer reclamo de un chofer de ambulancias del nosocomio, padre de un chico con discapacidad, con mayor vulnerabilidad ante el virus, según argumentaba el escrito. Este viernes, se sumaron dos presentaciones más. Una proviene de un hombre casado que tiene tres hijos, de 23, 19 y 13 años de edad. El otro “amparista” vive con su concubina, un hijo de 9 años y su madre de 79.
Al igual que el primer chofer que decidió judicializar el reclamo, los que siguieron el mismo camino aseguran haber agotado el reclamo por vía “epistolar” sin obtener respuestas. Los elementos de protección que solicitan a través de amparos judiciales son: barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular y, para el caso de tener que realizar procedimientos que generen aerosoles, la utilización del barbijo N 95 recomendado por el Ministerio de Salud de la Nación. Se trata de los insumos que “tienden a evitar que contraiga COVID-19 y, además, la propagación de la enfermedad en los miembros de su grupo familiar conviviente”.
En los tres casos el demandado es el gobierno de Entre Ríos, en su carácter de empleador. Todos sostienen que existe “inminencia de lesión grave”, pues el trabajo que desarrollan (choferes de ambulancia del Hospital Masvernat) los convierte en personas que se encuentran “muy expuestas a la posibilidad de contagio de la enfermedad”.
A diferencia del primer chofer, que le pidió al juez que intimara al gobierno provincial a proveerle los elementos de protección en un plazo de 3 días, los dos amparos pretenden que el Ministerio de Salud responda de manera más urgente, en sólo 24 horas.
