La semana pasada, diario El Entre Ríos publicaba que en noviembre las bibliotecas populares habían recibido el último pago, perteneciente a enero y febrero, y que varias de ellas tenían por este atraso serios problemas financieros.
En 1988, la legislatura sancionó la ley 8092 que declaró de interés público la creación y funcionamiento de las bibliotecas populares en el territorio de la provincia.
El artículo 3º de esa ley fijó que las bibliotecas recibirán un subsidio mensual con destino a sufragar gastos de personal, mantenimiento y adquisición de material bibliográfico. El mismo equivaldrá al duplo del sueldo básico inicial de un maestro de grado perteneciente al Concejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos.
La ley, además, creó la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares de la Provincia de Entre Ríos, integrada por un representante del CGE, un representante de la Dirección de Cultura, un representante de la Federación Entrerriana de Bibliotecas Populares y uno por cada cámara legislativa provincial.
