Flores había rechazado el planteo de desalojar el predio rural, ocupado por Dolores Etchevehere y un grupo de personas del denominado Proyecto Artigas, que respalda Juan Grabois.
Lo que Castagno debe decidir es si ratifica lo actuado por Flores o da lugar al desalojo del campo y lo restituye a la viuda de Luis F. Etchevehere y sus tres hijos varones.
"La jueza debe decidir si revoca y deja sin efecto y restituye el inmueble usurpado en virtud del artículo 75 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, que es sabio porque prevé que en los casos de usurpación los damnificados o el fiscal o querellante pueden solicitar al juez una audiencia y pedir que cese el delito de usurpación, restituyendo el inmueble", dijo Pagliotto.
Para el abogado del exministro Luis Miguel Etchevehere, la jueza "va a resolver en base a derecho y en ese sentido son importantes los folios reales del registro público de la propiedad inmueble, que consignan que desde 1960 Las Margaritas SA detenta la posesión legítima, pacífica e ininterrumpida del campo Casa Nueva".
Ayer, la jornada transcurrió con menos exposición de las partes, tanto desde quienes permanecen afuera del campo, productores rurales que acompañan a Luis Miguel Etchevehere y el resto de su familia, y quienes están dentro del establecimiento, Dolores Etchevehere y los seguidores de Grabois.
El jefe de Operaciones de la Policía provincial, Gustavo Schierloh, dijo que en el lugar hay apostados entre 150 y 200 efectivos para hacer una tarea preventiva, y que "la policía no toma postura por ninguna de las dos partes, sino que cumple las órdenes judiciales".
Se refirió a la situación de tensión que se produjo días pasados cuando más de una docena de vehículos pretendieron ingresar al campo con víveres para los miembros del Proyecto Artigas, y dijo que ante esa situación acudieron al juez Raúl Flores, que aún estaba a cargo de las acciones judiciales, para que dé las directivas respecto a autorizar o impedir el ingreso de comida, bebidas y máquinas para los seguidores de Grabois y Dolores.
"Nosotros -dijo el jefe policial-, bajo orden judicial dejamos ingresar esos alimentos. Revisamos para que no ingrese nada indebido al interior del casco y se hizo un pasamano del personal policial para efectuar más rápido la acción y evitar cualquier inconveniente entre la gente que llevaba los alimentos y los ruralistas. Son medidas que tomamos para evitar circunstancias desagradables y tensión", contó.
