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El juez de Garantías de Chajarí, Eduardo Degano, elevó a juicio la causa por la venta de terrenos en las termas de Chajarí. Sucedió en la audiencia de este miércoles. Pese a la elevación a juicio oral, deberán resolverse diversas apelaciones planteadas en el legajo. Los defensores pidieron que se declare la nulidad de la remisión a juicio. Ahora deberá resolver la Cámara de Apelaciones de Concordia.

La causa se inició por una denuncia de la actual diputada Gabriela Lena e involucra directamente al ex titular del Consejo General de Educación (CGE), José Luis Panozzo, quien al momento de los hechos investigados era intendente de esa localidad. En el legajo se investiga la presunta venta irregular de terrenos en las termas de Chajarí. El pedido de remisión a juicio oral fue aceptado por el juez de Garantías, pero en el marco de la causa deberán resolverse las apelaciones planteadas por los defensores: Guillermo Vartorelli, Miguel Cullen, Martín Marracini, Carlos Adrián Arruda, María José Castro Gil, Jorge Esteban Romero, José Aranda y Eduardo Palma.

En la audiencia realizada el 13 de marzo, se planteó por parte de los defensores la nulidad de la remisión a juicio. Los fiscales Maximiliano Larocca Rees y Dalia Verdura Pons, contestaron a cada una de las impugnaciones. Finalmente este miércoles, el juez de Garantías rechazó absolutamente todos los pedidos de nulidades y elevó la causa a juicio oral. Ahora, la Cámara de Apelaciones de Concordia deberá resolver la cuestión.
La denuncia
La entonces concejal por la Unión Cívica Radical (UCR-Cambiemos) de Chajarí, Gabriea Lena, quien ahora es diputada provincial integrante del bloque Cambiemos, denunció irregularidades en la venta de terrenos de las termas de dicha localidad a familiares y amigos de distintos funcionarios del municipio, a cargo del entonces intendente José Luis Panozzo.

La denuncia fue por venta “a precios irrisorios” de distintos terrenos municipales a particulares “que tienen un estrecho vínculo con las autoridades y funcionarios” del municipio. En la acusación se describió que el proceso licitatorio tuvo “dudosa difusión pública”, y se señaló que se “aplicó una ordenanza que rige para las compras y no para las ventas de bienes municipales”.
Fuente: Tal Cual Chajarí

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