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El sector rural se manifestó conforme con el decreto, aunque “su demora ha representado un problema para muchos productores y ha producido un impacto imposible de remediar”. Permitirá “llenar el vacío legal”, afirmó el dirigente de la Federación Agraria Argentina, Alfredo Bel. El decreto N.º 4.407 prohíbe las fumigaciones terrestres con agroquímicos a menos de “100 metros de escuelas rurales y cultivos” y a menos de “500 metros” para el caso de las fumigaciones aéreas. Se trata de distancias que quedan por debajo de los 3 mil metros para las aspersiones aéreas y de los mil metros para las terrestres que había fijado Benedetto en su fallo de octubre, ratificado por el Superior Tribunal de Justicia.

Con esta norma, el Gobierno provincial da respuesta a la orden que la Justicia le dirigió al Ejecutivo entrerriano para que le ponga límites a las fumigaciones luego de que el juez Oscar Benedeto hiciera lugar a un amparo presentado por Agmer y el Foro Ecologista tendiente a proteger la salud de alumnos y docentes de esos establecimientos.
Conformidad con el decreto
“El compromiso del Gobierno provincial con el sector era que iba a ver una clarificación respecto de lo que demandaba el fallo, que planteaba que había un vacío legal”, sostuvo el dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Alfredo Bel.

“La mitad de la biblioteca planteará una cosa y la otra mitad otra, pero la realidad es que el amparo se presentó por principios precautorios ante la imposibilidad de tener la certeza de que adecuadamente se protegiera la salud de los niños y los docentes. Este decreto lo que hace es llenar ese vacío legal estableciendo con claridad cuáles son las pautas para fumigar y disponiendo una serie de controles”, indicó Bel.

“Probablemente alguno de los actores involucrados recurra este decreto y luego el tema seguirá sus pasos legales”, estimó luego. Y expresó: “Hay una postura del sector ambiental que tiene una serie de cuestionamientos hacia el modelo productivo, pero nosotros producimos bajo condiciones avaladas por el Senasa y por el INTA. Y, además, en los últimos tiempos, la Provincia ha profundizado los controles, se han realizado múltiples capacitaciones y demás”. “Para nosotros el decreto es la solución a las dudas que planteó el juez respecto a cómo se actuaba para cuidar la salud de los niños y docentes”, concluyó.
Fuente: APF Digital

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