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En los Tribunales de Paraná se llevó a cabo este viernes la audiencia de elevación a juicio en la causa “de la vaca”, que corresponde a la investigación que gira en torno a la distribución de pauta publicitaria oficial entre 2010 y 2015 por un monto de $24 millones, que, según la tesis de la Fiscalía, habría operado bajo un sistema cartelizado, monopolizado por empresas ligadas al cuñado de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y mediante el pago de coimas.

En la audiencia, presidida por el juez de Garantías José Eduardo Ruhl, estuvieron los abogados de los actuales diputados Urribarri y Pedro Báez, la contadora Corina Cargnel y los socios de la imprenta que la Fiscalía vincula a Aguilera. También se presentaron los defensores del empresario Hugo Fernando Montañana, también acusado de haber sido parte de la maniobra irregular de reparto de pauta. De los acusados, el único que asistió fue Aguilera, acompañado por su hermano, el cura Aníbal.

Los abogados de los acusados formularon diferentes planteos, con el denominador común de que se suspenda la audiencia de elevación a juicio. El juez Ruhl rechazó los pedidos y avanzó con la audiencia. Tras escuchar a las partes, anunció que dará a conocer su resolución el próximo lunes, a las 9.

Se trata de una causa que involucra la distribución discrecional de pauta publicitaria del Estado entre 2010 y 2015 por $24 millones, de lo cual la mitad, $12 millones, fue a parar a las empresas Tep SRL y Next SRL, que se adjudican al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. La Fiscalía sostiene la tesis de que había una organización empresarial dedicada a captar esos contratos publicitarios y después adjudicarlos a otras dos firmas, Jesús Bustamante, de Paraná, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay. Uno de los implicados en la causa, Jesús Bustamante, acordó en juicio abreviado, una pena de dos años y ocho meses de prisión condicional, al aceptar que cometió un delito y que consiguió contratos de publicidad a cambio del pago de coimas a las firmas que señalan como propiedad de Aguilera.

Otro de los salpicados por ese negocio es el exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial Pedro Ángel Báez.
En la causa por los contratos de publicidad otorgados entre 2010 y 2015 por la administración Urribarri, el juez Ruhl dispuso, el 2 de febrero último, un embargo de $26 millones en los bienes de Urribarri, medida que alcanzó también a Báez, Aguilera, entre otros, más la inhibitoria general de bienes. El empresario Jesús Bustamante, que había quedado en la misma situación, se desligó de la causa mediante un juicio abreviado.

El jueves 1° de febrero, los fiscales Cánepa y Yedro habían pedido la elevación a juicio de la causa en la que se investiga a la administración Urribarri por la supuesta contratación amañada de publicidad con empresas ligadas a su cuñado.

Los delitos investigados consistieron en el “direccionamiento”, así dice la imputación, de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”, según el dictamen fiscal. Para los acusadores, esas firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.

“En mérito de las evidencias recolectadas, los fiscales consideraron a esas conductas como delictivas y las subsumieron en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública -reiteradas-, peculado y fraude a la administración pública, previstos en los artículos 265, 261, 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5, y 55 del Código Penal, imputando a Sergio Daniel Urribarri y Pedro Ángel Báez como autores, a Juan Pablo Aguilera, Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamante, Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, como partícipes primarios -art. 45 del C.P- y a Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y a Maximilano José Sena, como partícipes secundarios”, revelaron desde la Justicia.

Belén Almada es la esposa de Juan Pablo Aguilera; Alejandro Luis José Almada, su hermano, es el que adquirió impacto mediático tras el secuestro de una fuerte suma de dinero durante un operativo de la Policía Federal en el Acceso Norte.

En forma provisoria, los fiscales adelantaron que pedirán ocho años de cárcel para Urribarri, Báez y Aguilera; para Corina Elizabeth Cargnel y Hugo Fernando Montañana, seis años de prisión de cumplimiento efectivo; igual pena para Gustavo Rubén Tamay, con la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; y cuatro años para Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y Maximiliano Romero Sena.
Fuente: Entre Ríos

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