El gobierno de Lacalle Pou da un paso más en los controles de quienes llegan al Uruguay: la obligatoriedad de un testeo como máximo en las 72 horas previas al ingreso al país, ahora rige para quienes entran por la frontera seca o los puentes fronterizos.
El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) reportó ayer nueve casos positivos nuevos de COVID-19 en Uruguay. ¿Qué conexión tiene con el control fronterizo? Los cinco casos nuevos en Montevideo, uno en Artigas y uno en Maldonado tienen antecedentes de viaje al exterior. Pero también se sabe que las cepas de Treinta y Tres entraron desde Brasil -lo mismo que las de Rivera- y que los recientes infectados de Tacuarembó habían cruzado la frontera seca.
Desde que el presidente Luis Lacalle Pou, actuando en Consejo de Ministros, decretó la emergencia sanitaria, el 13 de marzo, el país ha limitado el pasaje fronterizo y el tránsito internacional. Esas restricciones se habían materializado, a partir del 24 de ese mismo marzo con la prohibición del ingreso de extranjeros salvo contadas excepciones.
Esas excepciones fueron revisadas y ampliadas en junio, no así las medidas sanitarias. Pero la marcha de la pandemia -que se traduce en baja circulación comunitaria del virus en Uruguay pero alta en países fronterizos- hizo que, desde la semana pasada, las autoridades empezaran a ajustar los cinturones.
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Primero fue la obligatoriedad de los hisopados (antes de embarcar y, de ser negativo, a los siete días de llegado al país) de quienes ingresaban por el puerto o aeropuerto.Ayer, en conferencia de prensa, los ministros de Defensa, Javier García, y del Interior, Jorge Larrañaga, anunciaron que la medida se extiende para quienes entren por los puestos fronterizos.
Eso significa que en los puestos de Migración (los ocho de la frontera con Argentina y los cuatro con Brasil) se pedirá la documentación que valide que la persona está “libre” de COVID-19. Y valga la comilla porque un test negativo en las últimas 72 horas no exime a la persona de hacer la cuarentena correspondiente -sea de la nacionalidad que sea.
Solo hay dos excepciones. Las ciudades binacionales, esas que están antes del puesto migratorio, quedan por fuera de la normativa “porque sería imposible controlarlo”, dijo el ministro de Defensa, Javier García. Eso sí: “Si una persona quiere trasladarse a otro poblado o ciudad del país, va a tener que presentar el resultado del examen en el puesto migratorio”.
La otra salvedad son los solicitantes de refugio. Uruguay “sigue manteniendo su política de apertura por razones humanitarias”, aclaró García.
Los solicitantes de refugio, como aquellos que buscan la reunificación familiar, son algunas de las posibilidades de ingreso que hay al país en esta emergencia y que le valieron a Uruguay el reconocimiento de los organismos defensores de derechos humanos.
Los epidemiólogos entienden que, cuidando el ingreso de personas (lo que no significa una prohibición absoluta de la entrada al país), Uruguay podría seguir sorteando con éxito el combate a la pandemia.
