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Báez negó que Buffa sea su testaferro.
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Báez negó que Buffa sea su testaferro.
El exminsitro de Cultura y Comunicación del gobierno de Sergio Urribarri y actual diputado provincial peronista dice que está siendo sometido a un “escarnio” desde la Justicia, a partir de las distintas investigaciones penales que lo tienen como principal imputado, y en particular, a raíz del pedido de desafuero para él y el exgobernador que formuló el juez de Transición Gustavo Maldonado.
El pedido de desafuero
El magistrado lleva adelante una causa por presunta distribución irregular de publicidad oficial que benefició al empresario pizzero Germán Buffa, a través de su empresa Global Means SA. Buffa está sindicato desde Tribunales como “testaferro” de Báez.

Maldonado, que el 1 de marzo último dictó el procesamiento de Urribarri y de Báez, pidió a la Cámara Baja el desafuero de ambos legisladores. Se trata del paso previo antes de llevarlos a juicio oral. La petición ingresó el martes a la Cámara de Diputados. Maldonado tiene procesados no sólo a Urribarri, sino también a Báez y al empresario pizzero Germán Buffa, dueño de la firma Global Means SA, empresa que logró en 2011 lo imposible: accedió a un contrato de publicidad con el Estado provincial aún antes de existir como persona jurídica, ni tener siquiera número de CUIT. Buffa es, además, gerenciador de una franquicia en Paraná de Planeta Pizza.
El origen de la causa
La causa en la que están los tres implicados, y ahora procesados, se abrió en 2013 tras una denuncia del diputado nacional (MC) radical Jorge D’ Agostino. Cuatro años después, en 2017, la fiscal Viviana Ferreyra los imputó y solicitó al juez de Transición que les tome declaración indagatoria. Primero la indagatoria se fijó en diciembre, pero los defensores lograron reprogramarla para este mes de febrero.

El procesamiento es una figura judicial que ya no existe: la causa que se le sigue a Urribarri por manejo irregular de la publicidad del Estado se tramita por el sistema penal antiguo, en la que el juez, y no el fiscal, es el que investiga. En el sistema actual, equivale a la petición del fiscal de remisión de la causa a juicio. Es considerado como un juicio de probabilidad delictiva.
“Es para la tribuna”
Pedro Báez, en declaraciones radiales, sostuvo que nunca, hasta ahora, se amparó en los fueros. “Me he puesto a disposición de la Justicia en todas las oportunidades en las que se me ha requerido. Creo que he sido el primer legislador en la historia institucional de la provincia que, despojándose de los fueros en los hechos, ante la primera requisitoria, me presenté a declarar, sin ampararme en ellos”, sostuvo el legislador.

Dijo que esa va a ser su conducta de ahora en más. “Los fueros no me los puedo sacar. De manera formal, no me los puedo quitar yo, sino el pleno de la Cámara. De todas maneras, yo no le pedí permiso a nadie para ponerme a disposición de la Justicia y concurrir a las indagatorias a las que se me citó”, explicó y añadió que, “de manera que en la práctica, no quiero ser de ninguna manera irrespetuoso u ordinario, pero esto del pedido de desafuero es para la tribuna”, subrayó.

El actual diputado se mostró sorprendido por cuanto en esa causa, de Global Means SA, tiene pedido de desafuero y, en otra causa, que investiga la distribución de publicidad en beneficio del cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, que tendrá audiencia de remisión a juicio el 1 de junio, no hubo pedido de desafuero.

La diferencia, explicaron desde la Justicia, es porque la primera causa se investiga en base a los parámetros del sistema procesal ya sin vigencia, en la que la acción penal está en manos del juez, en este caso Maldonado. Pero la causa de Aguilera, “de la vaca”, como se la conoce en Tribunales, la instrucción está al mando del Ministerio Público Fiscal, y en la audiencia de remisión a juicio no es obligatorio que estén presentes los imputados y por eso no se pide desafuero. El desafuero se pedirá en caso de que ese día el juez resuelva la elevación a juicio de la causa.
Negó que fuera su testaferro
Báez también relativizó su relación con el empresario Buffa. “Han instalado eso del testaferro. Yo me he enterado ahora que Buffa no tiene patrimonio. ¿Cómo va a ser testaferro alguien que no tiene patrimonio? Eso demuestra claramente que hay otra intencionalidad. Me parece que están haciendo una novela, porque han detectado llamadas telefónicas (entre Báez y Buffa). Yo hablaba con absolutamente todos los prestadores de publicidad, todos los comunicadores. Era mi responsabilidad”. Destacó que “obviamente que hablaba con el contador Buffa. Si hablaba diez veces, seguramente una vez era para decirle, `ahí sale una orden de publicidad para contratar publicidad en el diario El Cronista Comercial´; y después, lo llamaba cinco veces, para que me hiciera la gestión para que en El Cronista Comercial se publicara tal o cual información de Entre Ríos. Eso tenía que ver con defender la inversión publicitaria”, sostuvo.
Para la fiscal, Gobal Means S.A. es de Báez
La hipótesis que manejan en la Justicia es otra. El 20 de abril último, durante una audiencia para debatir el procesamiento de Urribarri, Báez y Buffa (finalmente confirmado), la fiscal Matilde Federik dijo que Global Means SA en realidad no es de Buffa, sino que pertenece al patrimonio de Báez.

Buffa, en teoría dueño de Global Means SA, a su vez maneja una franquicia en Paraná de Planeta Pizza, integra el directorio de Sociedad Anónima Entre Ríos (Saer) y está sindicado como ser “testaferro” del actual diputado Báez en una causa por enriquecimiento ilícito.

La representante del Ministerio Público pidió confirmar el procesamiento de Urribarri y Báez, que dictó el juez Maldonado, por entender que en el otorgamiento de una publicidad oficial por $118 mil, en julio de 2011, Urribarri y Báez direccionaron esa pauta hacia Global Means SA. Aún a sabiendas de que en ese momento esa empresa no tenía existencia real. “Lo que se direcciona es la contratación pública hacia una empresa inexistente en aquel momento”, subrayó.

Buffa fundó la empresa Global Means SA junto a Leonardo Víctor Poma. El acta de constitución de esa empresa está fechada el 15 de agosto de 2011. Pero extrañamente, un mes antes la firma ya operaba como proveedora del Estado entrerriano. La orden de publicidad que le pagó la administración Urribarri/Báez está fechada el 1 de julio de 2011; Global Means SA presenta presupuesto recién el 15 de julio de 2011, y la sociedad se constituiría el 15 de agosto de ese año.

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