Sin embargo, la publicitada "despapelización" no resultó tan ventajosa como se esperaba al menos para el sector docente, que repetidamente halla "errores" en las liquidaciones de sus haberes, haciendo más engorroso el trámite de cobrar y el derecho de conocer con precisión cuánto es lo que corresponde por cada concepto.
En este escenario, la lucha docente por mejores salarios y condiciones laborales se vio perjudicada por las decisiones oficiales de menguar la capacidad de reclamo a través de los descuentos por días de paro.
El 90% no cobró asignaciones familiares
El gremio mayoritario entrerriano volvió esta semana a manifestar su preocupación por estas falencias y expresó que en esta oportunidad, "no sólo pasaron días hasta que se pudieron ver los recibos digitales, sino que el 90 por ciento de los docentes que debían cobrar asignaciones familiares nuevamente no las percibieron, tal como sucedió en el mes de abril".
A esto se suma que "hay docentes a quienes no se les ha devuelto el código 536 (días de inasistencias sobre cargos) y otras irregularidades, como errores en la bonificación por zona, especialmente del departamento Islas", agregaron desde el gremio que encabeza Fabián Peccín.
Esperan una respuesta de Bordet
Por esto, se volvió a demandar una respuesta del gobierno de Gustavo Bordet para que alguien asuma las responsabilidades de la gestión por estas equivocadas prácticas y en consecuencia pidieron una nueva audiencia al ministro de Economía Hugo Ballay, quien oportunamente había comprometido una auditoría interna respecto del funcionamiento del sistema.
El planteo docente también debería ser recogido por Gastón Etchepare, vocal político del Consejo General de Educación, quien encabezó oficialmente las únicas dos reuniones que hubo en abril por este tema en una mesa técnica constituida como "Comisión Revisora del Sistema de Liquidación".
¿Quién controla a Lemondata?
Los cuestionamientos por los errores en las liquidaciones alcanzaron a Lemondata desde el primer momento. Se trata de la firma encargada de proveer el servicio de software de gestión y administración en la liquidación de sueldos docentes entrerrianos. Fue contratada por el gobernador Sergio Urribarri y poco se sabe de ella, como del por qué de su contratación, bajo qué condiciones, con qué costo económico y lo aún más inquietante, quién la controla. En las asambleas docentes informativas del lunes en Paraná, la seccional de Agmer difundió un proyecto de ley para prohibir al gobierno provincial "la privatización de liquidación de sueldos" por las "desastrosas" consecuencias de Lemon Data. La intención es reunir avales para presentar esta iniciativa a la Legislatura entrerriana.
El texto dice "que se prohíba al Poder Ejecutivo y a los órganos autárquicos, autónomos o descentralizados de la Administración Pública Provincial, delegar en particulares la liquidación de los sueldos de funcionarios y empleados públicos, sin distinción de la forma jurídica de la contratación".
