Para conseguir la instalación de un sensor de medición, en los últimos días se reunieron con autoridades de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y el fiscal federal Pedro Rebollo. Asimismo, este jueves realizarán una asamblea con vecinos de la Costa Uruguay Sur para explicar por qué se eligió la escuela Nº 50 para la instalación de la aparatología.
Uno de los integrantes de la asamblea, Martín Alazard, precisó que “le reclamamos al asesor legal de Ambiente, Osvaldo Fernández, que le pongan más empeño a la puesta en marcha del monitoreo de los gases en la región afectada por UPM. Esa zona sería la localidad de Costa Uruguay Sur, puntualmente el establecimiento educativo, según determinaron los informes científicos de Nación y Provincia, porque sería el lugar de máximo impacto de la contaminación”.
“Tenemos esperanza de lograr un resultado favorables para determinar estos contaminantes atmosféricos y, por lo menos, saber qué respira la población del departamento Gualeguaychú. Transcurridos 20 años de lucha, seguimos dando vueltas para conocer qué respiramos y todavía no se instaló ese famoso sensor”, dejó planteado.
No obstante, Alazard advirtió que tampoco se conoce a ciencia cierta cómo se procesará la información que arroje ese aparato: “La semana pasada recibimos un informe de Nación, donde dice que hay aparatos que la Comisión de Energía Atómica envió equipos a Estados Unidos y no está claro cómo, dónde, en qué estado se encuentran y si serán los que se implementen en Costa Uruguay Sur”.
Respecto de la demora, el ambientalista sostuvo que hubo un “rosario de desacuerdos” entre Nación, Provincia y Municipio. “Queremos que las autoridades responsables de nuestra salud se pongan de acuerdo y se hagan las cosas que se deben hacer. Vale recordar que luego del dictamen de la Corte Internacional de La Haya, en 2010, se firmaron los acuerdos de Anchorena y Olivos por los gobiernos de Argentina y Uruguay y se emitieron las actas reversales donde se determinó a este lugar para las mediciones de la atmósfera. De los ocho puntos de los acuerdos, solamente dos se cumplieron y parcialmente”, desarrolló.
Para difundir los resultados, se tienen que poner de acuerdo las autoridades de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) de Argentina y Uruguay: “Sin acuerdo de ambas partes, no se pueden dar a conocer ni los informes, ni los resultados. Por ende, si son adversos a Uruguay, no lo sabremos nunca porque eso lo aceptó la Cancilleria argentina hace unos años”.
En su opinión, toda la comunidad debería “presionar”, considerando que “pasaron gobiernos de todos los colores políticos desde que iniciamos esta lucha y ninguno se ha comprometido de manera seria para llegar a la verdad sobre la contaminación de Botnia”.
