Los funcionarios judiciales acusan a siete imputados del delito de peculado y anticiparon pedidos de pena de entre seis y tres años y medio de prisión. Por la obra, se pagaron 20,6 millones de pesos de recursos nacionales, transferidos al gobierno local cuando, según cálculos de los fiscales, los trabajos no deberían haber costado más de 15 millones. Calculan un perjuicio al erario público de aproximadamente 5,6 millones de pesos.
Son siete las personas imputadas en la causa, que podrían enfrentar un juicio oral y público: el intendente Álvaro Treppo, la responsable técnica de la obra Sara Zapata; Daniel Hereñú y su hijo Néstor, responsables de la empresa Oicsa, contratista de la obra; Néstor Szczech, de la firma Szczech & Szczech construcciones; Hernán Barrera, ingeniero de la firma Oicsa; y Darío Monzón, contador municipal. La investigación de los fiscales permitió determinar que, en enero de 2015, en la anterior gestión de Treppo como intendente de Seguí, realizó las gestiones ante el entonces secretario de Obras Públicas de la Nación, José López -hoy detenido tras ser sorprendido intentando esconder bolsos con dinero en un convento- para obtener financiamiento destinado a realizar 16 cuadras de asfalto en la localidad del departamento Paraná, en el marco del plan Más Cerca.
Los trámites culminaron con la firma de un convenio con el Ministerio de Planificación Federal, por entonces a cargo de Julio De Vido, también detenido por presuntos hechos de corrupción. El acuerdo incluyó la transferencia de 20,6 millones de pesos de recursos nacionales al municipio y contó con la asesoría de Zapata, que es ingeniera en construcciones, fue contratada por el gobierno local y operó como responsable técnica de la obra.
A partir de ello, los investigadores sostienen que “Treppo, actuando en connivencia con Daniel Hereñú, responsable de la empresa Organización Industrial Construcciones SA (Oicsa), firma que resultó adjudicataria de la obra, celebraron un contrato el 25 de junio de 2015 que estipuló a favor de la empresa precios desproporcionados con los valores reales de mercado para aquella fecha, los que a la postre resultaron coincidentes con el presupuesto oficial originariamente previsto”.
Para justificar la transferencia de los fondos desde Nación, que se realizaron a través de varios desembolsos, Zapata y el ingeniero civil Barrera, éste último en representación de la empresa contratista, emitieron certificaciones de avance de la obra “sin llevar a cabo ningún tipo de ensayo o control de calidad en la ejecución de los trabajos, omitiendo además llevar los registros correspondientes, con el claro propósito de aligerar el ritmo de la obra y de imposibilitar posteriores controles, a fin de evitar la comprobación de la calidad de los materiales utilizados y verificar la correspondencia entre el trabajo efectivamente realizado y lo presupuestado”.
La maniobra, según los fiscales, se realizó “con pleno conocimiento de Treppo y del contador municipal Monzón”, designado como responsable contable de la obra. Ambos “suscribieron las declaraciones juradas de rendición de cuentas que permitieron el envío” de los fondos nacionales a las cuentas del municipio.
Los investigadores consideran que, de acuerdo a los precios de plaza, la obra debería haber costado entre 12 y 15 millones de pesos, no los 20,6 que se presupuestaron, transfirieron y pagaron a la firma contratista. El supuesto perjuicio al erario público se calcula en una suma cercana a los 5,6 millones de pesos.
Respecto a Néstor Hereñú, se le atribuye “haber participado personalmente, en calidad de apoderado de Oicsa, y como parte de una maniobra diagramada previamente junto a Daniel Hereñú y las principales autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal, de la celebración del contrato de ejecución de fecha 25 de junio de 2015”, mediante el cual la empresa se comprometió a la ejecución de la obra consistente en la pavimentación de 1.122 metros de la trama vial, incluidos badenes y cordones cuneta. Para los fiscales, lo hicieron “a sabiendas de que el monto excedía los valores regulares de mercado”.
La finalidad atribuida a la maniobra es la de “justificar presupuestariamente el gasto excedente y sustraer los recursos del erario público” en favor de la empresa contratista, lo que se efectivizó a través de sucesivas transferencias bancarias.
A Szczech, por último, se lo responsabiliza de “haber puesto a disposición de Daniel Hereñú durante los últimos días de marzo y primeros días de abril de 2015, vía correo electrónico, una serie de archivos informáticos contenedores de documentos de texto, planillas contables y hojas de plano, como parte de una maniobra previamente coordinada con aquél, conociendo que los mismos serían parte integrante de la convocatoria a un futuro concurso de precios” para la ejecución de la obra en cuestión. Según el encuadramiento legal desarrollado por los fiscales, se imputa a los siete acusados del delito de peculado, en grado de coautoría y complicidad primaria. Anticiparon pedidos de pena de seis años de prisión efectiva para Treppo y de cuatro años y medio para Monzón y Zapata, más la inhabilitación absoluta perpetua de los tres.
Para Hereñú padre e hijo, los fiscales adelantaron que formularán solicitudes de condena de cuatro años de prisión y, en el caso de Barrera y Szczech, de tres años y medio.
Treppo, Zapata y Monzón son defendidos por el abogado Germán Coronel, mientras que los dos Hereñú y Szczech están representados por Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli. A Barrera, en tanto, lo defienden los letrados Roberto Krochik y Julián Pedrotti.
