En base a estas acusaciones solicitaron que se ordene la apertura de causa y con las pruebas presentadas se inicie el proceso de destitución del magistrado, en el marco de un juicio político. En esta causa los denunciantes son representados por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, quien en principio solicitaron que se disponga la suspensión preventiva del juez porque de ese modo se evitaría que “la investigación no sufra distorsiones y obstáculos de ninguna naturaleza”.
Los hechos de “extrema gravedad” que se le imputan al magistrado y que encuadran en las causales de destitución, se pueden desglosar en dos. Por un lado, las denuncias de los abogados Matías Melgares y Ángel Fernández. Los letrados recordaron que siendo patrocinantes de dos pleitos laborales en el que representaron a una de las partes, Flores los acusó en uno de ellos de cometer el delito de fraude o estafa procesal. A continuación se detalla un extracto de la sentencia, luego apelada ante la Sala del Trabajo de Concepción del Uruguay, donde se señala “que no existió la conducta que el juez les atribuye”. Del mismo modo se revocó la sentencia. En ese fuero se dictaminó que resultaba improcedente correr vista al Ministerio Público Fiscal.
La discusión llegó mediante una apelación ante el Superior Tribunal de Justicia, donde a criterio de los denunciantes el objetivo de Flores era el de “calumniarnos” y se subrayó que si como él afirma “se intentó cometer una estafa procesal, porque razón o motivo no corrió vista al fiscal, con lo cual su conducta como magistrado encuadraría en la figura típica del incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
En otra de las causas presentadas como prueba, el juez Flores “habría encubierto la comisión de posibles delitos de acción pública como lo son el falso testimonio y la falsificación de instrumento privado, también con la insana intención de perjudicar los intereses de nuestro representado”.
Abuso y maltrato
María Natalia Bordín es la tercera abogada que impulsa el pedido de Jury de Enjuiciamiento contra el juez uruguayense. La profesional advirtió que fue víctima de “grave violencia laboral y personal, caracterizados por un ostensible e inexcusable abuso y desviación de poder”, hacia su persona y su familia.La denunciante sostuvo que al principio su relación con Flores era cordial, hasta el punto de haber construido una relación laboral y personal. Pero —luego explicó— ese vínculo comenzó a mutar con el paso del tiempo: “Flores comenzó a atentar contra mi desarrollo y ejercicio profesional, así como también a quebrarme psicológicamente y emocionalmente. Insatisfecho con esto, el juez perpetuó sus prácticas de hostigar contra mi persona y mi familia, llegando inclusive a armar en mi contra causas falsas”.
Para Bordín, este patrón de conducta constituye “su dinámica de abuso y maltrato, de la cual no soy la única víctima”.
La mujer relató que en cierto momento que ubicó temporalmente en junio de 2021, Flores le propuso participar de la elaboración de un Reglamento de Empresas, aunque nunca se avanzó en tal cometido. Así fue por decisión de Bordín, quien consideró que era incompatible con la práctica profesional y “porque me resultaba éticamente impropio de un funcionario judicial”.
Recordó que en ese momento comenzó el acoso laboral en un contexto de violencia de género, psicológico y moral.
En el caso de Bordin, el contexto de violencia de género y de acoso laboral a la que era sometida cuando compartía el espacio laboral con Flores la llevó a renunciar a su cargo interino como secretaria letrada del Juzgado Laboral Nº1 de Concepción del Uruguay e incluso a su cargo titular dentro de la carrera judicial.
“Flores carece del equilibrio emocional y psíquico para llevar adelante la función de juez”, se indicó en un tramo de la denuncia.
