El presidente de la entidad, Martín D'Alessandro, analizó la situación institucional del país, alertó sobre los retrocesos en transparencia y cuestionó proyectos de ley que buscan restringir la participación de la sociedad civil.
Durante la cena anual 2026 de Poder Ciudadano, el presidente de la organización, Martín D'Alessandro, brindó un duro diagnóstico sobre el estado institucional del país y la falta de avances en la prevención de delitos en el ámbito público.
Durante su discurso, el titular de la entidad remarcó el impacto directo que el deterioro institucional tiene en el desarrollo social y económico argentino y formuló una clara advertencia: "no es correcto el diagnóstico que 'la corrupción va a desaparecer con el solo achicamiento del Estado".
"La corrupción en el ámbito público es un problema que tiene dimensiones múltiples: es un problema moral, de comportamiento individual pero también colectivo; es un problema estatal, porque obtura la efectividad de las políticas públicas; es un problema republicano, porque restringe el imperio de la ley y la igualdad ante la ley; es un problema democrático, porque aumenta la desconfianza en las instituciones del régimen, y es también un problema económico, porque limita el crecimiento y la asignación eficiente de los bienes públicos", aseveró D'Alessandro.
En su presentación, la máxima autoridad de la ONG citó las cifras que ubican a la Argentina en una posición desfavorable en las evaluaciones globales de transparencia.
El peor resultado de los últimos 10 años
"En nuestro país, además, la corrupción sigue siendo una enfermedad endémica. De hecho, en las encuestas sigue en el tope de las preocupaciones de la ciudadanía. Y en el Índice de Percepción de la Corrupción que confecciona anualmente Transparencia Internacional para 182 países, Argentina se ubica recién en el puesto 104, con apenas 36 puntos sobre 100. Es el peor resultado de los últimos 10 años, consolidando la tendencia declinante de los últimos 6 años", precisó.
A su vez, vinculó estos indicadores con la atracción de inversiones y el desarrollo financiero de la nación. "Este índice es el más consultado por los inversores globales sobre la integridad de las naciones, y para un país que pretende mejorar su imagen internacional y atraer inversiones, este mal desempeño debiera generar alguna inquietud, y alguna respuesta", indicó, agregando que "si son correctas las estimaciones que la corrupción hace perder al país entre un 8 y un 10 por ciento del PBI al año, imaginemos lo rentable que podría resultar la lucha contra la corrupción".
D'Alessandro advirtió que la mera reducción del Estado no garantiza la erradicación de las irregularidades si no existen marcos de control adecuados.
"En la lucha contra la corrupción hay que ser proactivos, porque sencillamente no es correcto el diagnóstico que 'la corrupción va a desaparecer con el solo achicamiento del Estado'", afirmó. Como caso testigo, recordó la denuncia realizada por Poder Ciudadano ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en diciembre pasado por la entrada de vehículos de alta gama declarados como coleccionables tras la eliminación de controles.
Asimismo, cuestionó iniciativas normativas vinculadas a la fiscalidad, la financiación de la política y el funcionamiento del sistema de inteligencia. En esa línea, puntualizó críticas hacia proyectos como el de "inocencia fiscal" —que abría la puerta al blanqueo de fondos de funcionarios sin rendir cuentas—, la liberación de límites a las donaciones en campañas electorales y el "aumento exponencial del gasto en agencias de inteligencia sin ninguna rendición de cuentas".
Otro de los aspectos centrales abordados fue la restricción a las herramientas institucionales de participación de los ciudadanos y el acceso a la información pública. D'Alessandro mencionó la existencia de decretos que acotan el acceso a la información y suspenden la consulta ciudadana en la selección de magistrados, sumado a proyectos parlamentarios como los de "regulación del lobby" y "defensa de la soberanía nacional".
"En el proyecto de 'regulación del lobby' se busca controlar y someter a las miles de ONGs que tiene el país a un régimen de vigilancia que exige informar al Estado prácticamente todos sus movimientos. Y en el proyecto de 'defensa de la soberanía nacional' se pretende limitar nuestra libertad de opinión. Y en ambos casos se prevén ambiguos delitos de prisión, lo que nos acerca más a los modelos de Venezuela, Hungría y Nicaragua, que a Estados Unidos o Europa", alertó.
A modo de síntesis, el dirigente lamentó que "los políticos no se dejan ayudar por los ciudadanos", y concluyó remarcando la vigencia de los principios rectores de la fundación de Poder Ciudadano para fortalecer las instituciones, la ética y el Estado de derecho en la Argentina.
Poder Ciudadano - Corrupción - Argentina 2026
