Ese escándalo público derivó en dos denuncias en la Justicia que se fueron paralizando conforme el asunto dejó de aparecer en las portadas de los medios. Ahora, una de las partes habla de terminar el pleito con una mediación penal. “Es intención de mi representado resolver esto con una mediación penal”, confirmó el abogado Hernán Aimone, representante del kiosquero Mariano Lukacs, denunciante del exmagistrado.
La primera denuncia por daños y amenazas la formalizó Lukacs, dueño de “El Kioscaso”, que se encuentra lindero a la vivienda del ahora exvocal del STJ. En sede policial, afirmó que alrededor de las 1,44 del domingo 28 de marzo, cuando se encontraba trabajando en el maxikiosco “se hizo presente el señor Emilio Castrillón y sin dar motivo empezó a voltear las góndolas del negocio, tirándole una botella de cerveza al empleado que se encontraba atendiendo”.
Por su parte, Castrillón hizo saber a los medios su versión de los hechos: que cerca de las 2 solicitó al dueño del comercio que baje el sonido de la música y que, ante la negativa, la discusión subió de tono y terminó siendo golpeado por cuatro personas. Además, aseguró que en el lugar había cerca de 300 personas que no cumplían los protocolos sanitarios por la pandemia.
En el acta de denuncia se dejó asentado que este último presentaba hematoma de un centímetro en antebrazo derecho y una excoriación de 0,5 centímetro en el dorso de la mano izquierda.
A poco de andar, en los Tribunales se presentó otra denuncia contra Castrillón: el padre del fiscal, el exdirector de Juntas de Gobierno durante el urribarrismo, Carlos Miguel Barbosa, le inició una causa penal por amenazas.
Por ello, a través de sus abogados defensores -Rubén Pagliotto y Emiliano Castrillón-, el entonces vocal del STJ recusó al acusador público de La Paz, quien fue apartado por el juez de Garantías Walter Carballo en mayo. Así, el caso terminó en manos del fiscal Oscar Sobko.
Luego, Castrillón impugnó el pliego de Barbosa en el Senado para que no sea designado en la Unidad Fiscal de Gualeguay y éste hizo su descargo ante los senadores de la Comisión de Asuntos Constitucionales. “Se trata de una impugnación que en sus términos es oscura, ya que se refiere a datos que no se corresponden con la realidad”, dijo el 10 de junio en el recinto de la Cámara Alta. En los primeros días de agosto, el pliego de Barbosa fue aprobado.
Mediación como salida alternativa
Hernán Aimone, abogado del propietario del maxikiosco, comentó que la causa no avanzó más que lo públicamente conocido y sostuvo que la voluntad de su representado es dar por terminado el pleito a través de una salida alternativa, como la mediación penal.“En la causa abierta por la denuncia de Lukacs se llamaron a testimoniales a todos los que habían estado en ese momento, se pidieron las cámaras de seguridad de la zona y del lugar y actualmente está suspendida. Después está la denuncia que se inició a partir de la denuncia de Castrillón por lesiones. La verdad es que es intención de Mariano Lucacks, y creo que de la otra parte también, de resolver esto con una mediación. Creo que la denuncia lo revictimizó a mi representado, porque lo llamaban de todos lados y revivía la situación todo el tiempo. Eso le molestó. Ahora estamos buscando una alternativa para cerrar el caso”.
Finalmente, consultado sobre si conoce que desde la defensa/querella de Castrillón también hay voluntad para dar fin al caso por esa vía, señaló: “Tengo entendió que sí, habría un principio de acuerdo. En fin, si se sacan los nombres personales esto no deja de ser una rencilla de vecinos. Hay una reacción desmedida, indecorosa y exagerada de parte de Castrillón, que termina con destrucción de cosas y amenazas. Pero esto no deja de ser una discusión de vecinos que toma relevancia por la figura de Castrillón”.
