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Avanza en la Legislatura una iniciativa que busca prohibir la “portación, tenencia y transporte” del arma de dotación, a los efectivos de la Policía de Entre Ríos y de la Dirección General del Servicio Penitenciario, en los casos que hayan sido denunciados por violencia de género y/o violencia familiar.

La medida sería aplicable cuando sea considerado “aconsejable” por parte del Ministerio de Gobierno y Justicia -como autoridad de aplicación- “en virtud de las circunstancias y gravedad del caso” y con el fin de “resguardar la integridad física, psicológica y moral de las personas denunciantes”.

Una vez sometido a votación en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley obtuvo media sanción y acaba de pasar al Senado, donde mantiene su estado parlamentario para ser debatido en la Comisión de Seguridad, antes de ser puesto a consideración. En cualquiera de los casos previstos, “se procederá, según corresponda, a modificar la conformidad oportunamente otorgada o a suspender preventivamente la condición de legítimo usuario y/o portación de armas y municiones particulares”, registradas a través de los mecanismos correspondientes ante las autoridades de la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

La autoridad de aplicación podrá disponer accesoriamente “cuando sea considerado aconsejable en virtud de las circunstancias y la gravedad del caso”, el pase, traslado o cambio de destino, “con el fin de resguardar la integridad física, psicológica y moral de las personas denunciantes”.

Autoría de la diputada Rosario Ayelén Acosta (PRO), la iniciativa sumó varias firmas de sus pares de la oposición como coautores, Juan Domingo Zacarías, Esteban Vitor, Lucía Varisco, Eduardo Solari, Jorge Satto, Gracia Jaroslavsky, Sara Foletto, Uriel Maximiliano Brupbacher y Martín Anguiano.
Fuente: El Entre Ríos

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