La entidad que nuclea a los matriculados de la provincia recuerda que bajo ningún punto de vista, el justo ejercicio de la defensa atenta contra la independencia de jueces o fiscales y que sólo se pretende un mejor servicio de Justicia. Cabe recordar que fue por las denuncias y las pruebas presentadas por los abogados defensores en la causa “Beckman y otros”, que se logró aportar a una fiscal que era parte de la investigación y compartía bienes jurídicos con uno de los imputados, quien además era amigo personal de su esposo. Algo que fue negado en una audiencia y luego comprobado por pruebas presentadas por los abogados, lo que generó el lógico, pero tardío, apartamiento de la fiscal en cuestión.
Desde el CAER reiteran que todos los actores del servicio de justicia deben bregar por un servicio de justicia de calidad que respete todas las garantías constitucionales y todas las figuras de nombramientos y de remoción de jueces fiscales. Y se reitera que no se busca “obstaculizar” ningún proceso, sino contar una Justicia transparente, ecuánime e independiente.
En respuesta a la posición de la Magistratura
En este sentido, y en relación a las audiencias realizadas en la última semana, coincidimos con la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos que se debe garantizar la independencia de jueces y fiscales, pero también mejorar muchos aspectos para brindar una verdadera “garantía y resguardo para todas las personas, organismos y/o instituciones de nuestra provincia”.La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial había fijado posición, en las últimas horas, en medio de la dura polémica que se abrió tras los pedidos de jury al procurador Jorge Amílcar García y a la productora adjunta Cecilia Goyeneche y las recusaciones a los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, quienes desde 2018 llevan adelante la investigación penal por los contratos en la Legislatura y que derivó en una fuerte polémica en la audiencia de este miércoles 11 que presidió la jueza de Garantías, Marina Electra Barbagelata.
En ese sentido, “la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos reivindica la independencia de la que gozan jueces, juezas y fiscales en el ejercicio de su función, en el absoluto convencimiento de que la independencia judicial, tanto hacia adentro del Poder Judicial como respecto de los poderes políticos y los medios de comunicación, constituye una garantía y resguardo para todas las personas, organismos y/o instituciones de nuestra provincia”, rezaba el pronunciamiento de la entidad que agrupa a jueces y funcionarios de la Justicia entrerriana.
Agregó que los procedimientos de recusaciones y enjuiciamiento “de los miembros de la Magistratura y representantes de los Ministerios Públicos no pueden tener nunca por objetivo obstaculizar el ejercicio de las elementales funciones que la Constitución Provincial asignó al Poder Judicial”.
