Jaluf explicó que “por disposición del Director General de la Policía, se nos encomendó la custodia del arma del funcionario Galarza y estamos en plenas tareas administrativas al respecto del caso. Lo que se cuestiona es la custodia del arma reglamentaria, que está prevista en el artículo 15º de la ley 5654 del año 1975, porque los que integramos los cuerpos de seguridad y técnicos estamos obligados en todo momento a portar el arma. En Entre Ríos somos 12 mil los funcionarios que portamos armas”.
Jaluf expresó que “cuando un funcionario policial realiza tareas administrativas en alguna dependencia por ejemplo, se quita el arma pero la debe depositar en un lugar de seguridad. La ley establece que el personal con estado policial está obligados a la portación del arma en todo momento, conforme a las normas que se impartan y el personal retirado está facultado a portar armas adecuadas a su defensa. El arma que nosotros utilizamos mientras estamos en actividad es propiedad del Estado que nos la proporciona y, cuando pasamos a situación de retiro, debemos restituirla a la Dirección de Personal”.
Según Jaluf, “en este caso en particular, esta arma fue peritada porque se supone que al estar un hecho judicializado, ha quedado secuestrada e incorporada al expediente que se sustancia ante la Justicia. Al funcionario policial que tenía a su cargo dicha arma le estamos cuestionando la custodia de la misma ya que, sea por un descuido o por lo que fuere, la dejó al supuesto alcance de otra persona que, aparentemente, la utilizó. Se trata de una falta grave”.
El titular de Asuntos Internos puntualizó que “hemos elevado a la Junta de Disciplina una propuesta de sanción de 40 días de arresto para este funcionario, quien se encuentra activo en uso de licencia, pero también ha solicitado el retiro de la fuerza. Ahora será la Junta la que lo citará y resolverá, otorgando el correspondiente derecho de defensa al oficial en cuestión. Esta clase de sanciones cuando se aplican, se cumplen en la sede de la Jefatura Departamental, sin permitírsele realizar actividad ni injerencia alguna el cualquier división, sección o área. Debe permanecer en una habitación o lugar adecuado sin trabajar bajo ningún aspecto, es llevado y traído a su domicilio y debe cumplir el horario reglamentario durante el período de duración de la sanción que se le haya impuesto”.
