Por qué no empezó el juicio
El expediente fue elevado a juicio en julio del año pasado, pero no se ha concretado ya que sigue pendiente de resolución la discusión sobre la competencia de la Justicia Federal o Provincial. El jefe comunal y los demás imputados buscan que el caso pase a la Justicia Federal, ya que los fondos involucrados para la obra eran nacionales.El 15 de junio último los vocales de la Sala Penal del STJ, Miguel Ángel Giorgio, Daniel Omar Carubia y Claudia Mizawak (se abstuvo de votar), accedieron a analizar el planteo de Rossi y compañía para dirimir el asunto. Cabe señalar que la reciente decisión del STJ, de seis página, no resuelve la cuestión de fondo.
El jefe comunal llegó hasta el máximo tribunal provincial cuestionando la resolución del 14 de diciembre de 2020, de la Cámara de Casación Penal que le denegó la concesión de la impugnación extraordinaria contra la resolución del vocal N° 5 del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Gervasio Labriola, quien el 20 de agosto de 2020 confirmó la competencia de la Justicia provincial en la causa.
El magistrado había declarado inadmisible el recurso de apelación presentado por los defensores Cesar Ariel Jaime (por exfuncionarios municipales), Carlos Reggiardo (por Rossi), y Miguel Ángel Cullen y Julián Pedrotti (defensores de Néstor Szczech y Carlos Lescano). El 24 de febrero de este año la misma Cámara les rechazó un recurso de impugnación extraordinario para que la discusión la zanje el STJ.
Lo que dijo la Sala Penal del STJ
Contra este revés, los letrados presentaron un recurso de queja directamente ante la Sala Penal del STJ. En la misma, reiteraron que la falta de competencia provincial de la causa surge de la acusación fiscal ya que en la misma se sostiene que “los imputados han engañado a la Nación para que gire los fondos”. En ese orden, señalaron que se vulneró la garantía del juez natural consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional.Al analizar el recurso, el juez Miguel Ángel Giorgio estimó “que los recursos en examen satisfacen las condiciones extrínsecas de procedencia requeridas por la ley ritual, toda vez que los fundamentos expresados configuran un cimiento argumental suficiente para sostener mínimamente los motivos de impugnación invocados relacionado a los principios básicos que rigen nuestro sistema tales como la competencia natural, la defensa en juicio y la correcta fundamentación de las resoluciones judiciales”.
“Así, las críticas desarrolladas por los impugnantes se revelan idóneas para avizorar la existencia de una concreta articulación constitucional que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 521 de la ley procesal penal, debe ser analizada y decidida por este Tribunal ad quem”, agregó. A su tiempo, Carubia adhirió al voto de Giorgio. Mientras que Mizawak se abstuvo de votar.
La causa
La investigación penal contra Rossi y otros imputados comenzó en 2016 por una denuncia del entonces intendente Silvio Moreyra, concuñado de aquel.
Luego de cuatro años de investigación, el fiscal Santiago Alfieri solicitó la elevación a juicio y adelantó que en el debate oral y público pedirá 5 años y 6 meses de prisión para Rossi, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
En los argumentos defensivos, el abogado Reggiardo afirma que no hubo irregularidad en la ejecución de la obra de 20 cuadras y cuestiona la pericia elaborada por el ingeniero Beltrán Uranga. Rossi, en tanto, denuncia que en su contra existe lawfare, guerra jurídica con participación de los medios de comunicación.
Al intendente se lo acusa de que durante su anterior gestión, en 2014 y 2015, el Municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de 20 cuadras, cuando -según la acusación de la Fiscalía- el costo máximo estimado en el mercado es $18 millones y el mínimo de $14 millones.
El 2 de julio de 2020, el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, elevó a juicio el expediente. Además del intendente, están imputados el empresario Néstor Szczech; el ingeniero de la empresa L&C Construcciones S.A. Carlos Alberto Lescano; María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena, actual funcionario de Obras Sanitarias municipal); y Adolfo Zenón Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca). El ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez falleció mientras transcurría la investigación.
Los delitos que se le endilgan a Rossi es el de peculado, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público atribuido en carácter de autor; y los mismos delitos, pero en carácter de partícipes necesarios a Roberto Carlos Méndez, María Inés Martínez, Adolfo Zenón Ortiz, a Néstor Juan Szczech, y a Carlos Alberto Lescano.
En paralelo a la causa penal también había una demanda civil, formulada por el exintendente Moreyra, en la que le reclamaba a los acusados – entre ellos Rossi- que paguen más de $10.937.255,46 en concepto de perjuicio económico al Estado municipal. La demanda llegó a su fin a mediados de junio de 2020, cuando el municipio y la empresa L&C firmaron un acuerdo extrajudicial transaccional.
