La respuesta le pertenece al reconocido abogado penalista Julio Federik, que analizó la Justicia entrerriana y valoró la agilidad del actual sistema. “Los periodistas porteños quedan impresionados”, resaltó a la vez que cuestionó el funcionamiento del juicio abreviado: “No quiero que haya extorsiones. Hay que poner un límite”, objetó.
A continuación, la entrevista completa al profesional paranaense del Derecho que publicó este jueves “Análisis Digital”:
-¿Cómo está mirando la realidad de la Justicia entrerriana, en función de que está desarrollado su proyecto de reforma del Código Procesal Penal? ¿Qué está bien y qué no está bien a su entender?
-En primer lugar, el sistema acusatorio en el que los que investigan son los fiscales, mejoró notablemente. El cambio de sistema le dio una agilidad extraordinaria. Los periodistas porteños se quedan impresionados porque en poco tiempo se hacen los juicios orales. Otros casos, para algunos quizás demasiados, se resuelven a través del juicio abreviado.
-Usted marcó alguna distancia de la cuestión del juicio abreviado.
-Sí, marqué distancia respecto de cómo funciona. Yo no quiero que haya extorsiones por parte del sistema judicial al imputado para que acepte el juicio abreviado y quiero que la pena que se pide para el juicio abreviado sea compatible con la que se va a pedir en el caso de que no se tome el juicio abreviado. Y eso no pasa. Hay que poner un límite ahí. Alguna forma tiene que encontrarse porque si no queda como que se está extorsionando al imputado. Ese es un tema que tiene que reverse. El otro tema que me parece que debe ser rápidamente resuelto es el del funcionamiento de los juzgados de Garantías, que son piezas fundamentales en el sistema y no pueden estar pintados. El juez de Garantías debe tener una actuación predominante en las cuestiones que tienen que ver con las prisiones preventivas, sustitutos de prisiones preventivas y, fundamentalmente, cuando se hacen planteos que pueden dejar sin efecto la acción. De alguna manera, en este último tiempo se le fue quitando esa posibilidad al juez de Garantías. Si no es una cuestión de prescripción o una cuestión que aparezca absolutamente diáfana, los casos pasan directamente a juicio oral. Y hay muchos casos que no tienen que pasar al juicio oral y se pueden resolver en el ámbito del juez de Garantías sin necesidad de hacer un juicio oral previo en el Juzgado de Garantías, cosa que tampoco debemos avalar. Pero sí que el juez de Garantías tenga el peso que le da el sistema y el propio código y no una figura totalmente deslucida como está apareciendo.
-Hubo cuestionamientos a la forma de designación de fiscales en la provincia. ¿Tiene opinión al respecto?
-Hubo cuestionamientos a la designación de un sector de fiscales a los que les tomó examen el propio Ministerio Público, que no pasaron por el Consejo de la Magistratura. Esto tiene una historia anterior. En mi proyecto de reforma, los secretarios, que ya eran funcionarios judiciales, cuando quedaban desmembrados los juzgados de Instrucción pasaban a ser fiscales adjuntos. Entonces, a la gente que ya estaba dentro del Poder Judicial en ese primer momento no era necesario que se los sometiera a un examen en el Consejo de la Magistratura, pero si después querían seguir sí debían someterse. En estos casos hubo un mix. Se tomó examen en el Ministerio Público, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) declaró la inconstitucionalidad y ahora tienen que pasar todos por el Consejo de la Magistratura. En buena hora. Creo también que en el Consejo de la Magistratura hay cosas que están marchando muy bien, como los exámenes técnicos. A mí me ha tocado participar en varios y puedo asegurar que uno no puede saber quién es el concursante. Una vez califiqué pensando que podía ser uno y resultó muy otro. Pero lo que se ve es que tanto los defensores oficiales como los fiscales y los jueces y camaristas que pasan por el Consejo de la Magistratura tienen un nivel técnico realmente superior a lo que teníamos antes. En ese aspecto hemos mejorado notablemente. Sí he escuchado críticas fuertes a los puntajes de los antecedentes, que me parece ridículo que algún curso dado u organizado localmente tenga más valor que los que provienen de universidades públicas. También el valor del trabajo del abogado defensor que pretende ingresar a la Justicia está subvaluado y eso tiene que acomodarse. De lo contrario, solo vamos a tener funcionarios del Poder Judicial que van a seguir estando en el Poder Judicial y no vamos a poder ingresar al Poder Judicial toda la experiencia que también y solamente da el ejercicio de la profesión. En las ventajas veo una judicatura técnicamente mejor armada. También un Ministerio Público muy fuerte en el que creo que hay que revisar esas posibilidades, como lo del juicio abreviado, para que no se haga una extorsión por parte del sistema. Y la otra cuestión importante es la cantidad de casos resueltos por el sistema. Antes había una cantidad de causas que dormían y prescribían y había problemas graves con la prisión preventiva que hoy no hay porque hay sentencia enseguida.
-¿Cuánto considera usted que le sigue costando a los hombres del Poder Judicial investigar a los hombres del poder político que aún están en funciones y tienen alguna porción de poder? ¿Por qué se acobardan tanto y especulan?
-Al juez o el fiscal que no se anima a hacer lo que debe hay que sacarlo. Acá no puede haber ese tipo de ambivalencias. Si no cumple con lo que tiene que hacer, se tiene que ir.
-Pero nadie renuncia.
-Tampoco le piden la renuncia. Acá el que no funciona no puede estar. Eso está claro. Por otro lado, es cierto, los casos de delitos contra la administración pública llevan más tiempo. El otro juez que se tiene que ir es el que acepta las presiones que vienen de la calle. El que acepta presiones de los piquetes o del periodismo también se tiene que ir. Necesitamos jueces que sepan, que conozcan, que tengan criterio y que, además, tengan el brazo lo suficientemente fuerte para firmar lo que tengan que firmar. ¿Cuándo lo vamos a lograr? Paso a paso.
-¿Qué sería paso a paso?
-Va a haber un momento en que la gente se va a hartar de los piquetes para pedir determinadas cosas a la Justicia. Va a llegar ese momento, que no está lejos. Va a llegar el momento en que jueces y fiscales y los que actúan en la Justicia lo hagan sin admitir la presión del periodismo. Yo no digo que el periodismo haga bien sus análisis, sus estudios, sus investigaciones. Ese es el aguijón que tiene que tener porque la sociedad lo necesita. Ahora cuando tengan que fallar, que fallen lo que tengan que fallar. Enójense si se tienen que enojar, sean ecuánimes, pero por favor dicten resoluciones conforme a la ley. Cuando ideé el sistema quise que los fiscales tuvieran un compromiso muy fuerte con sus casos. El querellante y la víctima tienen que estar en nuestro sistema porque todavía no le tenemos toda la fe suficiente al Ministerio Público. No le tenemos toda la fe. Por eso ponemos un querellante para que ayude a llevar adelante la acción penal pública. Pero guarda que el querellante no pretenda actuar en la Justicia como actúa un hincha de fútbol pidiendo la pena máxima porque es el querellante o pedir una actuación de la Justicia que la Justicia no puede tener. El querellante debe regirse por la ley, el fiscal tiene que regirse por la ley para llevar adelante sus acciones. Pero no podemos permitir las sobreactuaciones ni de la querella, ni del Ministerio Público ni de la defensa. La Justicia es un aparato estatal donde cada uno tiene que cumplir su rol. Es una de las grandes ventajas del sistema acusatorio, pero cada uno tiene que cumplir con sus responsabilidades.
