La Campaña Nacional por el Aborto Legal y Gratuito, encargada de la redacción del nuevo texto, es consciente de esta situación pero no pierde la ilusión: apuesta a colar el debate después de las elecciones generales del 27 de octubre y realizarlo antes del 10 de diciembre, cuando ocurre el recambio parlamentario.
Que esto sucediera no sorprende y ya se veía venir luego del ejemplar debate que hubo el año pasado. Sucede que siempre cuando hay elecciones el Congreso disminuye considerablemente su actividad y, además, evita debatir temas demasiado sensibles para la sociedad.
En este punto coincidieron tanto diputados "verdes" como "celestes", que rápidamente acordaron que las condiciones no estaban dadas para emular lo logrado en 2018. No solo por el interés del Gobierno de no abrir el recinto demasiado sino también por la cantidad de provincias que desdoblaron las elecciones de la nacional, lo que implica que muchos diputados y senadores estén en sus distritos.
Sin embargo, nadie en la Casa Rosada o el oficialismo militó por lo contrario. No querían que la discusión atravesara la campaña y, de paso, no le dan espacio a la oposición para despotricar contra el Gobierno en la Cámara. La crisis económica contribuye a esta postura.
Hay otra cuestión que alentó que se dejara de lado el tratamiento: la composición del Congreso. Como no cambió nada con respecto al año pasado, se descuenta que el resultado será el mismo. Ante esto, en Cambiemos -y en un sector de la oposición- consideran que no es conveniente abrir el debate sobre un tema del cual se sabe el resultado.
Con este panorama, la expectativa es que la iniciativa, que entró esta tarde por Diputados, ni siquiera alcance a ser debatida en las comisiones. Por ejemplo, en la comisión de Legislación Penal -una de las que moderaron el debate en 2018– no está en agenda introducir el texto.
A pesar del difícil escenario, el colectivo de mujeres que impulsa la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) decidió presentar el nuevo proyecto para seguir manteniendo el tema en agenda y no retroceder con respecto a lo logrado el año anterior. Aunque el desafío es alto, su objetivo es incidir en la campaña electoral, interpelar a los candidatos y que cada uno diga su postura sobre el aborto.
Las claves del nuevo proyecto
El sujeto que contempla la ley, según el primer artículo, será "toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar". Además, se mantiene que se puede acceder " hasta las catorce (14) semanas, inclusive, del proceso gestacional".Se mantiene el derecho a abortar si el embarazo fuera producto de una violación y si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante. Además, el plazo para acceder seguirá siendo de cinco días desde que se requiera.
Un punto importante es que no se incluye la objeción de consciencia. Esto es porque la Campaña busca que a nadie se le pueda negar el acceso a la IVE: "En ningún caso puede contener consideraciones personales, religiosas o axiológicas de los/las profesionales o personal de salud ni de terceros/as".
Las menores de trece años que soliciten la práctica deberán hacerlo con el consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal. En cambio, si quien quiere realizarse un aborto es una persona adolescente de entre trece y dieciséis años, "se presume que cuenta con aptitud y madurez suficientes para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento". Y para las mayores de 16, se entiende que tienen "plena capacidad" para decidir.
El artículo 11 trae una novedad importante: el derecho al aborto deberá estar incluido en el Plan Médico Obligatorio. De este modo, exige que "todos los agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a las personas afiliadas o beneficiarias deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo" e incluye al sector público, privado, obras sociales y prepagas.
En el 12 aparece uno de los reclamos más importantes: la Educación Sexual Integral (ESI). Establece que el Estado, la ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias deben implementar la Ley 26.150 desarrollando la problemática del aborto: "Debe ser enseñado como un derecho de las mujeres y personas gestantes, a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género que puedan fortalecer su autonomía. Deben incluirse los contenidos respectivos en el currículo de todos los niveles educativos, independientemente de la modalidad, entorno o ámbito de las instituciones educativas, sean estas de gestión pública estatal, privada o social".
