El gobernador de Entre Ríos emitió un decreto vetando parcialmente una modificación a la Ley Orgánica de Municipios, debido a un error de redacción que dificultaba su interpretación. Se trata de un apartado referido a los concursos de precios, donde en letras se establecía la equivalencia en salarios mínimos a 150, pero en números se elevaba el techo a 200.
El Decreto Nº 759/2021 especifica que, en el texto enviado desde la Legislatura al Poder Ejecutivo Provincial para su promulgación, “se ha advertido un error material” en el punto b, supuesto b 2. Allí se detalla: “b) En las contrataciones de obra pública podrán realizarse licitaciones privadas, concursos de precios o contrataciones directas, en los siguientes supuestos: (…) Concurso de Precios: cuando la operación no exceda del equivalente a ciento cincuenta (200) veces el salario mínimo vital y móvil vigente”.
Esto implica que la manda fijada por la norma es difusa, dado que contempla tanto el valor “ciento cincuenta” como “200” y, en efecto, el techo para que los Estados municipales hagan este tipo de operaciones de contratación, no queda claro.
La iniciativa surgió de la diputada oficialista Carina Ramos y el texto fue consensuado con la oposición. “Este proyecto de ley que hoy traemos a tratamiento sobre tablas en la presente sesión, es uno que hemos presentado junto a los compañeros diputados Juan Pablo Cosso, Julián Maneiro y Esteban Vitor”, había manifestado su autora en la sesión del 17 de marzo pasado, donde se trató el proyecto.
Origen del yerro
Según la información a la que accedió la agencia APF, el error ya figuraba en el texto original presentado por la legisladora del Frente Justicialista Creer.
Y se trasladó al texto aprobado, sin despacho de comisión, en esa misma sesión.
Luego fue girado al Senado, donde también fue aprobado sobre tablas sin pasar por comisión y luego de breves intervenciones de los legisladores oficialistas Daniel Olano (Islas) y Marcelo Berthet (San Salvador).
Allí tampoco se detectó la equivocación.
Largo camino por recorrer
El veto fue comunicado a través de la Cámara de Diputados a la Legislatura en la sesión del miércoles pasado.
El apuro en sancionar la norma resultó contraproducente: ahora ambas cámaras deberán dejar pasar varias semanas para que el rechazo parcial del gobernador quede firme y luego introducir un nuevo proyecto de ley con el texto corregido, que deberá ser aprobado tanto en Diputados como en el Senado.
