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En el marco de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, los organismos de Derechos Humanos presentaron el proyecto de Ley Antinegacionista por los 40 años de democracia. “Es fundamental para el pueblo argentino que los delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado no se repitan, como así también que ningún funcionario público los revindique, niegue o justifique”, señaló Gaillard, autora del proyecto.

Con la presencia de Taty Almeida, titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Charly Pisoni, integrante de la agrupación HIJOS, Victoria Montenegro, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires e hija de detenidos desaparecidos, miembros de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y de otros organismos vinculados a la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en relación con los crímenes del terrorismo de Estado, se realizó en la Cámara de Diputados la presentación del proyecto de “Ley Antinegacionista por los 40 años de democracia”.

La iniciativa de HIJOS, presentada por la diputada Carolina Gaillard (UxP) y con la firma de otros 14 diputados y diputadas, propone modificar el Código Penal para sancionar a funcionarios públicos y candidatos con penas administrativas y establece capacitaciones obligatorias para integrantes de los tres poderes del Estado para intentar frenar la circulación de discursos negacionistas sobre la última dictadura y otros crímenes de lesa humanidad.

Al inicio de la presentación tomó la palabra Taty Almeida, quien solicitó que “aprueben de manera urgente está ley para castigar legalmente, no con cárcel sino con inhabilitación, a todos aquellos negacionistas y los que reivindican el genocidio”. Luego explicó que “estos reivindicadores del horror y negacionistas existieron siempre, pero ahora están envalentonados”, y concluyó: “ustedes, que son nuestros representantes, que son los representantes del pueblo, tienen que sancionar esta ley en memoria de los 30 mil”.

Charly Pisoni, por su parte, remarcó que “hoy es un día especial para nosotros: este proyecto lo hemos trabajado junto a Abuelas de Plaza de Mayo, a la colectividad armenia, a la colectividad judía, a los pueblos originarios”, y agradeció a Carolina Gaillard “por haber presentado este proyecto y acompañar siempre a los organismos de DDHH”. Luego señaló que “no quisiéramos estar aquí debatiendo el negacionismo. Queríamos estar festejando los 40 años de democracia y que Argentina es vanguardia en políticas de DDHH”, y explicó que “este proyecto es muy necesario, porque la mejor forma de combatir al negacionismo es con la educación y la prevención”. En este sentido, el proyecto propone la tipificación del negacionismo para los funcionarios públicos que minimicen los genocidios.

La firmante del proyecto, Carolina Gaillard, subrayó que “este proyecto se lo debemos a las Abuelas, a las Madres, a HIJOS, a todos los organismos de DDHH, y a todos los que padecieron esos años trágicos en nuestro país”. Y cuestionó que “a 40 años del retorno de la democracia, es inadmisible que tengamos candidatos en las fórmulas presidenciales, como Victoria Villarruel, que ratifican y reafirman su defensa de los crímenes de lesa humanidad probados por la justicia argentina”.

“Nos encontramos en un momento político en el que las prácticas y expresiones negacionistas y apologistas del terrorismo de Estado, como también los discursos y acciones de odio, son cada vez más frecuentes y radicalizadas”, advirtió Gaillard. “En honor a las víctimas de la dictadura, este Congreso debe legislar de manera inmediata para que ningún funcionario público pueda tener expresiones que minimicen o nieguen lo ocurrido en nuestro país durante los años de dictadura”, agregó la diputada entrerriana.

A 40 años del retorno a la democracia, el proyecto presentado por Gaillard establece que “será reprimido con pena de inhabilitación especial de 3 meses a 4 años, el/la funcionario/a público/a que, en el ejercicio del empleo, cargo o función, negare, minimizare, justificare o reivindicare públicamente y por cualquier medio, genocidios contra la humanidad reconocidos oficialmente como tales por el Estado Argentino”. A su vez, el proyecto propone la modificación del nombre y las competencias del INADI, que pasaría a llamarse “Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia, el racismo y el negacionismo” (INADIN). De este modo, el INADIN, además de sus funciones actuales, sumará la de trabajar sobre el negacionismo de genocidios y crímenes de lesa humanidad. Una vez aplicada la inhabilitación a un funcionario público, para acceder a la rehabilitación en el cargo será obligatorio realizar alguno de los programas educativos sobre negacionismo de genocidios y crímenes contra la humanidad dictados por el INADIN.

“Este proyecto surge frente a la preocupación por la proliferación de discursos de odio y negacionistas, y apunta a establecer mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de hechos y discursos. Es fundamental para el pueblo argentino que los delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado no se repitan, como así también que ningún funcionario público los revindique, niegue o justifique”, valoró Gaillard.

Este proyecto no sólo abarca al período del Terrorismo de Estado comprendido por la dictadura cívico-militar (1976-1983), sino a todos los crímenes contra la humanidad reconocidos por el Estado, como son el Holocausto, el Genocidio Armenio, la Masacre de Napalpí de pueblos originarios, o los crímenes de la Triple A, entre otros.

El delito de negacionismo ya se encuentra tipificado en países europeos como Alemania, España, Portugal, Suiza, Bélgica, Francia, Austria, Holanda, Luxemburgo, República Checa, Ucrania, Lituania, Polonia, Rumania, Liechtenstein, Malta, Eslovenia, Andorra, Hungría, Letonia, Croacia, Bulgaria, Chipre, Italia, Grecia. Además, lo prevén Israel, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Ruanda, Camboya. De sancionarse este proyecto en nuestro país, Argentina se convertiría en pionera en la región, reforzando su ya consolidada postura a nivel mundial en favor de los derechos humanos.

La iniciativa presentada por Gaillard fue acompañada por la firma de Hugo Yasky, presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Germán Martínez, presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, y las diputadas y diputados Daniel Gollán, Mónica Macha, Eduardo Valdés, Mara Brawer, Alejandro “Topo” Rodríguez, Sergio Palazzo, Gisela Marziotta, Leonardo Grosso, Eduardo Toniolli, Ricardo Daives, Rosana Bertone y Graciela Landriscini.
Fuente: Prensa Carolina Gaillard

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