Según se menciona en el proyecto, que ingresó a la Cámara Baja la semana pasada, “organismos internacionales estiman que 1 de cada 10 personas mayores de 60 años ha sufrido malos tratos en el último mes”. El informe indica, además, que se entiende que la cifra esté subestimada, ya que por miedo o imposibilidades solo 1 de cada 24 ancianos comunica el maltrato que sufre.
“Incluso hoy en día el maltrato de los ancianos sigue siendo un tema tabú, por lo común subestimado y desatendido por sociedades de todo el mundo. Sin embargo, cada día hay más indicios de que el maltrato de los ancianos es un importante problema de salud pública y de la sociedad”, expresó la diputada Lena.
Este proyecto de ley “busca evitar situaciones de abuso o maltrato, previniendo estas conductas, evitando el aislamiento, ofreciendo asistencia en situaciones de vulnerabilidad y garantizando su asistencia física, psicológica, económica y social”.
Autoridad de aplicación
El proyecto propone al Ministerio de Desarrollo Social como la autoridad de aplicación. Entre sus funciones tendrá “ diseñar y ejecutar programas de capacitación en geriatría y gerontología para los cuidadores formales e informales”.Además, deberá “realizar cursos y crear espacios de encuentro para los adultos mayores a fin de empoderarlos, reforzar su autoestima y autonomía, hacerles conocer sus derechos, promover sus potencialidades, crear lazos y redes, evitar su aislamiento y constituirlos en partícipes principales en la toma de decisiones”.
Entre otras cuestiones, el proyecto también contempla la “realización del diseño e implementación de campañas de comunicación con el objeto de concientizar sobre la perjudicialidad de los estereotipos negativos respecto de la vejez y hacer conocer a la comunidad los derechos de los Adultos Mayores”.
Además se pretende que “todos los organismos públicos y entes descentralizados de la provincia dispongan de atención al público especializada relacionada con el abuso o maltrato a los Adultos Mayores, a los fines de facilitar la comunicación, el asesoramiento y todo tipo de trámites oficiales”.
Convenios con otras instituciones
Por otra parte, “la ley facultaría a la autoridad de aplicación a celebrar convenios con instituciones públicas y privadas que atiendan en forma transdisciplinaria la vida de los Adultos Mayores, como así también a formular e implementar un protocolo de asistencia sobre medidas urgente y actuaciones necesarias frente a situaciones de violencia, evitando en todo momento la revictimización de los adultos mayores”.De esta manera, se busca “articular las derivaciones institucionales, en casos de situaciones de alto riesgo para la integridad psicofísica de los adultos mayores, y promover políticas inclusivas facilitando el acompañamiento de los adultos mayores a través de agentes u operadores comunitarios”.
