Si bien hay una sentencia favorable en primera instancia, esperan que en las próximas semanas el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia (STJ) deje firme el amparo ambiental. Por otro lado también avanza una denuncia penal.
El amparo se presentó el 22 de diciembre del 2017 y salió sorteado el Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de la ciudad de Rosario del Tala. Por el inicio de la feria judicial, su tramitación posterior y resolución quedó a cargo del Juez de Feria.
La empresa denunciada es "Celestino Spahn S.A", de la provincia de Santa Fe, que llevó a cabo el sembrado en los campos lindantes a unos 700 metros de la vivienda. En tanto que el fumigador trabaja para una empresa de Villaguay.
La intoxicación
El abogado de la familia Holstein-Silguero, Lucio Hernán Salisky, explicó que: "a los pocos días de la fumigación esta familia comenzó con problemas de salud que derivaron en la internación de todo el grupo familiar, el matrimonio con los dos hijos incluidos, en el Hospital Falucho de la localidad de Maciá (departamento Tala). Ahí fueron atendidos por el médico Jorge Rubattino, quien diagnosticó que padecían un cuadro de intoxicación por la exposición a agroquímicos. La internación fue el 2 de diciembre del año 2017 y, como en el Hospital Falucho no tenían la complejidad suficiente para atender el cuadro de intoxicación, fueron derivados al Hospital Santa Rosa de Villaguay en donde estuvieron internados hasta el 9 de diciembre".
"Los síntomas que presentaron eran problemas respiratorios, afectación en el habla, la vista y mal estado generalizado. También les trajo consecuencias económicas, ya que Hosltein es tambero y quesero, y durante el tiempo de internación no pudo atender sus animales, y obviamente tampoco pudo desarrollar su actividad laboral. Actualmente siguen padeciendo las consecuencias debido a que la recuperación de la salud llevará un tiempo", dijo el letrado.
Cuando la familia fue dada de alta, concurrió al estudio de Salisky en Rosario del Tala para iniciar la demanda: su mayor preocupación era el temor a futuras fumigaciones de ese productor agropecuario, con las consecuentes afectaciones a la salud de la familia.
La acción legal se tramita en dos acciones paralelas: además del amparo ambiental, se hizo una denuncia penal que está en trámite en el Ministerio Público Fiscal. "Eso lleva su tiempo de la investigación penal preparatoria. Deben investigar la presunta comisión de un delito como en el caso de la escuela de Santa Anita", ejemplificó el abogado.
Una sentencia y posterior apelación
Tras la presentación del amparo ambiental, los tribunales talenses dieron una rápida respuesta al hacer lugar al planteo de la familia.
Se emplazó al demandado a que en el plazo de ley conteste la demanda de amparo, se produjo un breve procedimiento probatorio acorde con la sumariedad del procedimiento, y se resolvió ordenar que en ocasión de futuras fumigaciones se observe el más estricto cumplimiento de todas las normas reglamentarias que rigen la materia, especialmente las referidas a la prohibición de no utilizar productos en cantidades superiores a las recomendadas, de no fumigar cuando el viento existente supere la velocidad indicada de 12/15 kilómetros por hora, y de acatar rigurosamente las obligaciones de dar aviso previo fehaciente a los vecinos con la antelación requerida de 48 horas; fumigar únicamente bajo la presencia de un ingeniero agrónomo; y comunicar a la Dirección General de Agricultura de la Provincia de Entre Ríos, a los fines de que realice los controles correspondientes.
Luego de decretada la sentencia, el demandado interpuso el recurso de apelación cuyo tratamiento corresponde a la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia que posiblemente dictará sentencia una vez concluida la feria judicial, pero mientras tanto la sentencia debe ser cumplida.
No es probable que fumiguen de nuevo después de tan poco tiempo, pero se debe cumplir hasta que el STJ confirme o revoque el fallo. Por los antecedentes, lo predecible es que confirmen el fallo.
Así lo explica Salisky: "No es una demanda de daños y perjuicios. Es una acción de amparo ambiental que tiene por finalidad la prevención frente a las futuras fumigaciones. Mientras estas personas estén allí por su actividad económica es presumible que vuelvan a fumigar. La fumigación en sí no se puede prohibir, porque está permitida por la ley, pero sí se puede exigir el cumplimiento de los recaudos reglamentarios para que no perjudiquen a terceros, tal como lo indica un artículo de la ley. Esta familia sufrió un daño concreto porque estuvieron internados varios días".
