Sucedió este jueves en el edificio de los Tribunales de Colón, ubicado en 12 de Abril 241, donde las partes se reunieron a pedido del abogado querellante. Ante la solicitud de una prisión preventiva, la magistrada no dio lugar.
“Por una cuestión de seguridad, colaboramos en la salida del imputado. No pasó a mayores, hubo insultos desde los manifestantes hacia esta persona, pero ningún daño”, dijo a El Entre Ríos el subjefe de Policía Departamental, Emilio Piaggio.
“Estaba la posibilidad de que quede detenido, por lo que hubiésemos hecho el mismo operativo”, agregó.
La causa se inició en marzo de este año junto con la denuncia. En tanto la imputación se formalizó el 31 de mayo, oportunidad en la que el acusado se abstuvo de declarar. Se le atribuyen varios delitos contra la integridad sexual de dos menores, algunos que concurren entre sí, por lo que podría caberle una pena de hasta 20 años de prisión.
Sin indicadores de peligro de fuga
Entrevistado por El Entre Ríos, el fiscal Juan Sebastián Blanc dio a conocer que “la causa se encuentra muy avanzada. La primera etapa de investigación debería haber finalizado entre agosto y septiembre, pero restaba una evaluación psicológica, ya que habían trasladado a la profesional designada. La evaluación ya se hizo y estamos esperando el informe”.“Desde el comienzo se encuentra con medidas de coerción”, dijo sobre el acusado. Y agregó que hasta el momento la prisión preventiva “no se consideró necesaria”.
Al respecto, explicó que esta disposición de la Justicia “tiene la finalidad de neutralizar riesgos procesales, que pueden ser peligro de fuga y/o entorpecimiento de la investigación. En este caso, las medidas que se le impusieron desde el inicio fueron respetadas. Incluso hubo un cambio de lugar de radicación, no está viviendo en la ciudad, se hizo la constatación del domicilio, la presentación periódica en la comisaría del lugar y la previsión de salir del país. Hasta ha respetado medidas que no estaban impuestas, como avisar al juzgado cuando debía movilizarse por alguna cuestión”.
“No podemos reprocharle algún indicador de peligro de fuga. La importancia del delito no basta para tener a una persona con prisión preventiva. El 80% de quienes están con igual imputación o hasta más grave, cumpliendo con las normas que se le imponen, están en libertad, ya que en principio son inocentes”.
Sobre la audiencia de este jueves, el Dr. Blanc comentó: “El representante legal de la querella, que hace poco asumió, pidió una audiencia a los fines de replantear esta cuestión. Básicamente solicitó una prisión preventiva o un arresto domiciliario, considerando que había riesgo de fuga por la importancia del delito, el lugar donde está radicado y en protección de las víctimas. Se manifestó que siempre estuvo a derecho y la jueza entendió que no estaban dadas las condiciones para una prisión preventiva”.
“Acompañé los criterios de la defensa para decir que estamos ante una causa sumamente grave, de hecho así lo estamos trabajando, pero como fiscal la ley me marca que debo ser objetivo. No descarto que en un futuro haya necesidad que pedir prisión preventiva o arresto domiciliario, lo que pasa es que el análisis fue al día de ayer, teniendo en cuenta la conducta procesal precedente”.
“Lo novedoso es que se estableció una garantía real de un millón de pesos y solicité que se formalice que cada vez que necesite venir a la ciudad avise sobre sus movimientos para que las víctimas estén al tanto”, indicó.
“Trabajamos para encaminar esto a un juicio donde un jurado determinará la culpabilidad o no. No puedo dar respuesta a una marcha hablando de este tema con gente que no tiene nada que ver con la familia, porque son delitos de instancia privada; como tampoco puedo hacerlo en esta entrevista. Quienes deben estar informados en este caso, son sus padres y en eso hemos cumplido”, dijo el fiscal.
“Buscamos hacer justicia, no venganza. Entiendo ciertas reacciones ante situaciones como esta, pero no las puedo compartir. Los procesos judiciales están dados para que los conflictos se resuelvan civilizadamente”.
Por otra parte, “la denunciante –que es la madre de las pequeñas– está desde el primer día al tanto de la situación. Me entrevisté con ella y siempre estuvo informada de las alternativas y el camino procesal. Intervino en la audiencia de ayer”.
Sobre el “escrache” al abogado
Preocupados por carteles que durante las marchas en pedido de justicia mostraban el rostro de quien ejerce la defensa del imputado, desde la sección Colón del Colegio de la Abogacía emitieron un comunicado. “Toda persona sujeta a un proceso tiene derecho a una defensa eficaz y justa. Lo dice la Constitución”, reflexionó al respecto el fiscal Juan Sebastián Blanc.
“Es injusto y para nada lo apruebo, que se ataque a alguien por ejercer su profesión, mucho menos cuando se recurre a la violencia, sea verbal o física”.
