A través de un comunicado, los ruralistas del sur entrerriano repudiaron lo sucedido. “Rechazamos y condenamos este tipo de acciones violatorias de la Constitución Nacional y que ponen en jaque severamente el estado de derecho”, dijeron.
“Como se consignara desde FARER -de la que formamos parte- resulta un precedente injusto y peligroso convalidar las usurpaciones como camino de resolución de las enormes falencias que ha presentado el Estado a la hora de la saldar las deudas sociales. Despojar por la fuerza de sus bienes a sus dueños es un ejercicio de pereza intelectual y un reconocimiento de incapacidad manifiesta de la política”, señala el documento divulgado por la Sociedad Rural de Gualeguaychú.
A renglón seguido, la entidad exige la “reprobación” del Estado: “La toma de terrenos, campos o viviendas no puede quedar solamente al arbitrio de una acción judicial entre privados (damnificados y usurpadores), porque más allá de que sea el ámbito donde se diriman las acciones legales, hace falta un claro y contundente mensaje de reprobación por parte de los distintos estamentos del Estado a este tipo de prácticas delictuales en contra de la propiedad privada”.
“Convalidar desde la política con un silencio cómplice no sólo no conlleva tranquilidad a la sociedad, sino que sienta un peligroso precedente de desprecio por la legalidad y los derechos consagrados en el Art. 17° de nuestra carta magna”, concluye.
El pronunciamiento del ruralismo de Gualeguaychú se produce dos días después de que una agrupación ligada al dirigente Juan Grabois ingresara a un campo en el Departamento La Paz, justificando este proceder por una donación de tierras efectuada por Dolores Etchevehere.
Los demás miembros de la familia, entre ellos el exministro de agricultura Luis Miguel Etchevehere, denunciaron que se trató de una “usurpación” violenta y que el predio tomado por los militantes de Grabois no es propiedad de la donante.
