La convocatoria, expresada en la resolución N° 156, del 5 del actual, firmada por el Procurador General Jorge Amílcar Luciano García, se propone “promover el fortalecimiento institucional” del Ministerio Público Fiscal, “su política criminal y abordar los asuntos de interés común a la institución”. El primer encuentro tuvo lugar en 2019.
“Habiendo transcurrido más de 10 años de la implementación del sistema acusatorio, es un contexto más que propicio para la discusión de temas inherentes al funcionamiento del sistema de enjuiciamiento en la Provincia, y a sus posibles modificaciones”, dice la resolución de convocatoria.
Y suma: “Todos los fiscales con asiento en los distintos departamentos judiciales de la Provincia se encuentran avocados al tratamiento de un importante cúmulo de investigaciones penales, especialmente relacionadas a asuntos de alto impacto social, de género e institucional que demandan un análisis conjunto, por lo que considero propicio convocar a una reunión conjunta de los fiscales de todos los departamentos judiciales”.
El encuentro de los fiscales en la ciudad de Victoria contará con la con la colaboración de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos a partir de una petición formulada por el Consejo de Fiscales, que reúne a los fiscales coordinadores de la Provincia. La Asociación va a “solventar algunos de los gastos de la jornada”.
Según la disposición que firmó el Procurador General Jorge García, la asistencia a ese encuentro será “obligatoria” para todos los fiscales y fiscales auxiliares.
El análisis del funcionamiento del sistema acusatorio en Entre Ríos ha sido puesto en discusión también por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), órgano judicial que suele tener fricciones con la Procuración.
Los magistrados han diagramado una serie de encuentros con distintos actores para analizar qué marcha bien y qué no en el servicio de justicia en la Provincia. Los encuentros se dan de cara a definir una opinión del Poder Judicial al proyecto anunciado por el gobernador Gustavo Bordet de reforma del Código Procesal Penal.
En agosto pasado, la Sala Penal se reunió con los jueces de Garantías. A propósito de la oralidad, el vocal Daniel Carubia señaló que en Entre Ríos «la misma se ha desvirtuado y que la pandemia ha contribuido en cierta medida con el retorno de la escrituralidad, en donde muchas veces, las decisiones se toman sin conocer a las partes».
En esa convocatoria también se dialogó acerca de la competencia de la magistratura en relación a los juicios abreviados, como así también respecto de la posibilidad de establecer un límite objetivo a la presentación de dichos acuerdos, fundamentalmente cuando se trata de delitos de máxima gravedad. En este sentido, la vocal Claudia Mizawak expresó que en su momento se pensó al juicio abreviado como una herramienta de política criminal para aquellos delitos menores, para descomprimir el sistema y dejar los mayores esfuerzos para aquellos casos más complejos, sin embargo, expresó que ello no ocurre en la práctica, abreviándose hechos de femicidio, por lo que un límite debe existir, tal como se encuentra fijado en otras legislaciones provinciales.
