La iniciativa establece que se implemente “entre los candidatos a gobernador de la provincia de Entre Ríos, el debate preelectoral público y obligatorio, a fin de que la ciudadanía pueda contar con mayores elementos informativos en vista del ejercicio de su derecho al voto”.
“Los candidatos oficializados a gobernador de la provincia estarán obligados a participar del debate público, en el que expondrán al electorado las propuestas relativas a sus respectivos planes de gobierno”, se indica en otro artículo y luego se establece que “el debate tendrá lugar entre 10 y 7 días corridos anteriores a la fecha de la elección”.
En el artículo 4º se dispone que “la fecha y horario del debate, así también como su modalidad en relación a los tiempos, derecho a réplica, preguntas y los temas a tratar, serán acordados en una audiencia entre los candidatos y sus apoderados, convocada por la autoridad de aplicación”. En el caso de no mediar acuerdo entre las partes, será el Tribunal Electoral el que determine “fecha, horario, modalidad y temas del debate, comunicando debidamente la decisión tomada a los candidatos y sus apoderados”.
También la autoridad de aplicación tendrá la potestad de “elegir el lugar para la realización del debate, sus moderadores y los mecanismos para la participación presencial del público”, se señala en la iniciativa impulsada por Kneeteman.
Además, tendrá a su cargo la elaboración de “un reglamento por el cual se establecerán la estructura y la dinámica, bajo las cuales se desarrollará el debate, procurando el trato igualitario entre los candidatos y la igualdad en el tiempo de exposición y de réplica de cada uno de ellos. El orden de exposición de los candidatos se determinará por medio de un sorteo público”.
En otro de los artículos se fija que “las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los principios democráticos y los derechos humanos, y las instituciones académicas podrán ser convocadas por la autoridad de aplicación, con el objetivo de colaborar en la definición de los temas del debate”.
En cuanto al financiamiento, se dispone que “se imputarán a las partidas asignadas al Ministerio de Gobierno los gastos que implique el cumplimiento de la presente ley”.
Por otra parte, el proyecto da cuenta de las sanciones a los postulantes que se nieguen a participar del debate: “La negativa de alguno de los candidatos a participar en el debate público obligatorio supondrá la imposición por parte de la autoridad de aplicación de una sanción económica que será determinada en la reglamentación de la presente”.
Finalmente, en el proyecto del diputado Kneeteman se detallan los mecanismos que se pondrán en marcha para garantizar que todos los electores tengan la posibilidad de ver o escuchar a los candidatos en el debate.
