En tanto, la ley crea el Observatorio Interinstitucional de Seguimiento de Aplicación del Protocolo, que estará integrado “por un referente de cada una de las instituciones signatarias del mismo” y será coordinado “por el representante del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), con la finalidad de monitorear el efectivo cumplimiento de las pautas allí establecidas”.
La norma otorga al Poder Ejecutivo un plazo máximo de 90 días para que fije “por vía de la reglamentación, la autoridad de aplicación” de la ley. Por último, invita a adherir a municipios y comunas.
