En ese contexto, la Diputada Nacional por Cambiemos, Karina Banfi, visitó Colón, donde en el salón de HCD brindó una charla sobre el "Acceso a la Información Pública".
Previo a esto, ofreció una conferencia de prensa, acompañada por el Diputado Nacional Marcelo Monfort y los edilies Soledad Torres y Aníbal Richard.
"La agenda de transparencia atraviesa todas las ideologías; es una necesidad que tenemos todos los argentinos porque es fundamental saber qué se hace y cómo se gestiona la plata de nuestros impuestos. Lamentablemente en la Argentina aparece como una novedad en la opinión pública, pero es algo que se viene peleando desde hace muchos años y creo que tiene que ser un ejercicio cotidiano de los funcionarios públicos en todos los poderes del Estado, y no solo algo para los momentos de crisis", comenzó diciendo.
"Hemos logrado en la Cámara de Diputados de la Nación media sanción a una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, que es la nave nodriza de un montón de medidas en materia de transparencia para el fortalecimiento de las instituciones y principalmente para crear un vínculo diferente entre la sociedad y el Estado, donde podamos construir un gobierno abierto que colabora y se nutre de la ciudadanía a través del control y de las propuestas de la gente", expresó.
Banfi se refirió al proyecto de la concejal Soledad Torres para que Colón cuente con una Defensoría del Pueblo. "Esto es fundamental porque en términos filosóficos la democracia se constituye por un poder y un contrapoder que ejercen los organismos de control. Fortalecer estos organismos es el trabajo que estamos realizando desde el congreso. La Defensoría del Pueblo de la Nación es una deuda pendiente con la democracia, como es la Ley de Acceso a la Información Pública", sostuvo.
Al ser consultada sobre los puntos del proyecto que generan resistencia entre sus detractores, Banfi dijo que "la resistencia no viene del cuerpo político sino de externos que se ven involucrados en la agenda como sujetos obligados de la ley, especialmente el Poder Judicial. Luego de la media sanción la Asociación de Magistrados envió una carta al Senado pidiendo ser eximidos; consideran que no tienen que enviar información pública a los ciudadanos. Dicen que ellos toman decisiones sensibles que pueden poner en riesgo su integridad física o a su trabajo. Lo que tengo para responderles, como otro poder, es que todos tomamos decisiones sensibles; desde el Poder Legislativo también estamos muy expuestos a la opinión pública, trabajamos con la palabra, presentamos nuestras declaraciones juradas, pagamos ganancias y además creemos que tenemos que reconocerle a la gente un derecho humano que es el acceso a la información pública. La otra resistencia son los sindicatos, por no ser sujetos obligados en lo que refiere a la administración de fondos públicos o en este caso obras sociales a través de las cuales de manera coactiva administran el dinero de todos los trabajadores para el servicio de salud, que es por ley. Ya en el año '99 la Ley de Declaraciones Juradas contemplaba la presentación de los titulares de obras sociales, reconociendo en una resolución del Ministerio de Trabajo del año 2001 que son los titulares de los sindicatos; luego, en el 2003, fueron eximidos de esa obligación. Por lo tanto esto también viene a regular ese tema y quedaron incluidos como sujetos obligados de esta ley por decisión de todo el cuerpo de legisladores en la Cámara de Diputados".
En otro orden de cosas, la diputada señaló que "en la ley se invita a las provincias a que promuevan sus leyes de acceso a la información. Hay 17 provincias que tienen marcos normativos; en Entre Ríos hay un decreto. La ley nacional va a ser muy moderna, con un amplio alcance de sujetos obligados o institutos. Cuando un funcionario no responde, niega injustificadamente u obstaculiza el acceso a la información, pasado el plazo de 15 días hábiles tendrá sanciones". Dichas sanciones responderían a una escala que va desde sanciones administrativas, civiles y penales, adelantó.
"En Argentina la información se ha ocultado, se ha destruido e ignorado. Hay una denuncia en la Oficina Anticorrupción porque desde la Agencia Télam el 9 de diciembre se llevaban cajas con información. Esto es histórico, porque la información es poder, y esto viene a cambiar. Hemos escuchado que el pueblo debe emponderarse, pero no lo hace con cadenas nacionales, sino compartiendo la información. Nosotros como funcionarios públicos tenemos la obligación de tutelarla, clasificarla, protegerla y archivarla para que esté disponible cada vez que ustedes la necesitan. Es el cambio cultural que venimos a traer. Destruir, ocultar o negar información es un delito federal y está contemplado en el Código Penal", agregó.
En cuanto al organismo de control que tendrá a su cargo la aplicación de la ley, Karina Banfi reconoció que "es un tema debatido en todo el mundo porque implica entre otras cosas generar un nuevo organismo y disponer dinero del Estado para ello". Y dijo que "cada uno de los poderes tendrá uno propio, además de la vía del amparo en la justicia porque es un derecho humano. Así que la instancia del órgano de control es expedita, rápida, donde un administrador va a controlar cómo se entrega esa información y uno va a poder decirle que no está conforme con lo que le entregaron, que es insuficiente, o se la negaron de manera injustificada".
Ya sobre el final de la conferencia de prensa, la diputada nacional por Cambiemos fue consultada sobre la situación económica que atraviesa el país, y su parecer en relación a la forma de superar esta crisis.
"Estamos trabajando intensamente; el esfuerzo es de todos. La crisis económica fue un tema de campaña; no hace seis meses que estamos en una crisis, sino al menos cuatro años en los que no hubo crecimiento en la Argentina. La razón por la que Mauricio Macri gana las elecciones es porque ustedes tenían una necesidad de verdad. Normalizar un país es extremadamente doloroso para todos los argentinos y para nosotros que tenemos que asumir esta responsabilidad de llevar adelante normas que ayuden a la atracción de inversiones para reactivar la economía y crear empleo genuino, real y generar el fortalecimiento de las instituciones para generar los controles en las contrataciones que debe llevar adelante el Estado para producir más trabajo. En la Jefatura de Gabinete durante cuatro años las contrataciones de Báez no estaban y queremos saber qué pasó con las obras, porque además de llevarse la plata las obras no están y eso es trabajo que no hubo", concluyó la legisladora.
Sobre la expositora
La Diputada Banfi es abogada de la UBA con cursos de postgrado en derecho a la información y derechos humanos en University of Okford, UK y American University, USA.
Fue consultora de la Organización de Estados Americanos en temas de derechos migratorios y para la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Integró el grupo de expertos que elaboró la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública y su Guía de Implementación para la OEA. Asi como también fue disertante en la Cátedra de Alto Nivel de Acceso a la Información Pública de la OEA en varios países.
Previamente, fue coordinadora de programas regionales de transparencia y gobernabilidad para la Fundación Trust for the Americas de la OEA, con sede en Washington,DC. Trabajó con documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos en la organización no gubernamental National Security Archive de Washington, DC. sobre la última dictadura argentina y la violación de derechos humanos.
En Argentina, fue investigadora en la Unidad del Ministerio de Justicia que se ocupó de las irregularidades en el juicio sobre el atentado de terrorismo internacional contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), trabajando con documentos desclasificados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (ex-SIDE).
