"Quiero dejar en claro que no sólo se ha evaluado en el plano hipotético la adopción de otras medidas cautelares, concluyendo que su aplicación resulta insuficiente a los fines del proceso, sino además que las que ya fueron adoptadas demostraron esta insuficiencia para garantizar el recupero de los activos", agregó.
Para el magistrado, la complejidad de la investigación en la que el 10 de octubre se recibió una pericia contable, que duró dos años y en la que el fiscal del caso, Jorge Di Lello, hizo un requerimiento parcial de justificación de bienes es un "derrotero" que "permite a los investigados continuar realizando operaciones que facilitarían la constante alteración y ocultamiento de su situación patrimonial, intencionalmente confusa".